La reconocida marca de ropa interior femenina Lili Pink quedó nuevamente en el centro de la controversia nacional luego de que la empresa Fast Moda S.A.S. saliera públicamente a desmarcarse de Walter Francisco Martínez Martínez, capturado recientemente en Colombia dentro de una investigación por presunto contrabando y lavado de activos que ya salpica operaciones por más de $730 mil millones.
A través de un comunicado oficial firmado por el abogado penalista Iván Cancino, apoderado de la compañía, Fast Moda aseguró que no existe actualmente ningún vínculo comercial, laboral ni societario con Martínez Martínez, y aclaró que cualquier relación con el hoy investigado terminó desde el año 2021.
Según la empresa, el nexo con Martínez se limitó únicamente al suministro de productos, sin que este hubiera tenido participación en decisiones administrativas, directivas o estratégicas de la compañía que opera la marca Lili Pink en Colombia.
“Cualquier situación personal, conducta o investigación relacionada con el señor Walter Francisco Martínez Martínez corresponde exclusivamente a su ámbito individual y resulta completamente ajena e independiente de las operaciones, principios y entorno empresarial de la marca”, señala el documento divulgado este lunes.
El pronunciamiento surge en medio del fuerte impacto que generó el megaoperativo adelantado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación el pasado 27 de abril, cuando las autoridades realizaron diligencias en más de 405 establecimientos comerciales de Lili Pink ubicados en 59 municipios del país.
La investigación apunta a un presunto esquema de lavado de activos y contrabando que, según datos oficiales, movería cifras cercanas a los $730.000 millones, convirtiéndose en uno de los casos económicos más delicados de los últimos años en el sector textil y comercial colombiano.
Las pesquisas fueron impulsadas tras meses de seguimiento a la operación de Fast Moda S.A.S., apoyadas además por el sistema de monitoreo “Ojo de la Dian”, herramienta tecnológica que detectó accesos inusuales a bases de datos y movimientos irregulares de información relacionados con operaciones aduaneras.
En otro frente investigativo, las autoridades también indagan un presunto enriquecimiento ilícito de particulares que superaría los $430.000 millones.
Frente a este escenario, Fast Moda insistió en que no existe ninguna decisión judicial definitiva que establezca responsabilidad de la empresa por lavado de activos o contrabando, y sostuvo que todas sus operaciones de importación se han realizado bajo el marco legal vigente.
“No existe declaratoria judicial que confirme actos de contrabando. Todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados”, aseguró la compañía en un comunicado emitido previamente el pasado 5 de mayo.
La empresa también cuestionó las cifras que han circulado públicamente sobre el caso, señalando supuestas inconsistencias entre los montos divulgados y las actuaciones administrativas reales que actualmente se encuentran en discusión judicial.
El abogado Iván Cancino enfatizó además que los hechos conocidos hasta ahora hacen parte de una controversia jurídica en curso y no de conclusiones definitivas, por lo que pidió respetar el debido proceso y la presunción de inocencia mientras avanzan las investigaciones.
En medio de la tormenta judicial y mediática, Fast Moda subrayó que actualmente genera más de 3.000 empleos directos y mantiene operaciones comerciales legales tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica.
Pese a ello, el caso sigue creciendo y mantiene bajo presión a una de las marcas más reconocidas del mercado colombiano, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas sobre una presunta red de contrabando y lavado de activos que podría tener implicaciones de gran alcance en el sector empresarial del país.
