Un nuevo choque institucional sacude al país y pone en el centro de la polémica la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro. El Consejo de Estado suspendió de manera inmediata los apartes restantes del decreto que obligaba a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a transferir anticipadamente recursos a Colpensiones, decisión que congela el traslado de cerca de $5 billones previsto para las próximas semanas.
La determinación fue adoptada este lunes 11 de mayo de 2026 por la Sección Segunda del alto tribunal, que consideró urgente intervenir antes de que se ejecutaran movimientos financieros de enorme impacto sobre el sistema pensional colombiano.
La medida judicial amplía la decisión emitida el pasado 28 de abril, cuando el Consejo de Estado ya había suspendido parcialmente el Decreto 415 de 2026, norma expedida por el Gobierno el 20 de abril y que hoy enfrenta más de 15 demandas acumuladas.
En ese primer fallo, el tribunal frenó el traslado de recursos correspondientes a afiliados que aún no tenían derecho pensional consolidado. Sin embargo, la nueva decisión va mucho más allá: ahora quedan suspendidos todos los apartes que seguían vigentes, incluyendo disposiciones relacionadas con pensionados y aspectos operativos clave del decreto.
La determinación cayó como un balde de agua fría para el Gobierno Nacional, que reaccionó con fuertes críticas contra el Consejo de Estado y particularmente contra el magistrado Juan Enrique Bedoya, quien ha liderado las decisiones cautelares sobre el caso.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la medida como “inaceptable” y aseguró que el alto tribunal actuó de manera precipitada.
“Es absolutamente sorprendente la manera como ha actuado el Consejo de Estado y particularmente el magistrado Bedoya”, afirmó el funcionario en entrevista con RTVC, al cuestionar las decisiones que han frenado la implementación del decreto.
Sanguino aseguró además que la suspensión mantiene “secuestrados” los recursos de los ahorradores mientras Colpensiones continúa asumiendo el pago de pensiones en el país.
El ministro también confirmó que el Gobierno ya analiza nuevas acciones jurídicas junto al Ministerio de Hacienda, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para intentar revertir la decisión.
La tensión aumentó luego de que el propio presidente Gustavo Petro solicitara impulsar un recurso legal contra el magistrado Juan Enrique Bedoya por encabezar la suspensión del decreto.
Desde el Gobierno sostienen que el fallo pone en riesgo la entrega de recursos a más de 25.000 personas, debido a que las AFP aún no han efectuado los giros previstos hacia Colpensiones.
En declaraciones a Blu Radio, Antonio Sanguino lanzó una nueva crítica contra los fondos privados de pensiones y aseguró que estas entidades buscan mantener recursos invertidos fuera del país en lugar de trasladarlos al sistema público.
“El Estado no está amenazando con el no pago de las pensiones; son los fondos privados los que no realizan el giro de los ahorros”, aseguró el jefe de la cartera laboral.
El debate también reavivó la discusión sobre el uso del Presupuesto General de la Nación para cubrir obligaciones pensionales. El ministro explicó que dichos recursos públicos solo deben utilizarse en casos donde los trabajadores no lograron completar semanas suficientes de cotización ni acumular el ahorro requerido para pensionarse.
Según el Gobierno, la aprobación definitiva de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional permitiría reducir progresivamente la dependencia del presupuesto estatal y convertir el sistema en un modelo autosostenible.
Mientras tanto, la decisión del Consejo de Estado deja en pausa uno de los pilares financieros más importantes de la reforma impulsada por el Ejecutivo y abre un nuevo capítulo de confrontación entre las altas cortes y el Gobierno Petro, en medio de crecientes tensiones por el futuro del sistema pensional colombiano.
