Un nuevo choque entre la estrategia de paz del Gobierno Nacional y la justicia colombiana quedó al descubierto luego de que la Fiscalía General de la Nación confirmara que mantendrá activas las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, incluido su máximo jefe, alias “Chiquito Malo”, mientras no se verifique el cumplimiento real de las condiciones exigidas para su traslado a las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
La decisión representa un fuerte golpe a los avances preliminares del proceso impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), organización considerada actualmente como la mayor estructura narcotraficante y armada del país.
Aunque el Ejecutivo solicitó el pasado 8 de mayo la suspensión temporal de las órdenes de captura —incluyendo requerimientos de extradición— como parte de los preparativos para abrir diálogos formales con el grupo ilegal, la Fiscalía dejó claro que no otorgará beneficios automáticos ni permitirá movilidad libre a los integrantes de la organización sin controles previos.
El ente acusador advirtió que primero deberá comprobar la identidad, situación judicial y cumplimiento efectivo de los compromisos pactados por cada uno de los miembros incluidos en el listado remitido por el Gobierno.
“La ZUT debe entenderse como un medio para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento del grupo, no como el punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad”, enfatizó la Fiscalía en su pronunciamiento.
La controversia gira alrededor de la Resolución Occp No. 120 del 29 de abril de 2026, mediante la cual el Gobierno autorizó el desplazamiento preparatorio de 29 integrantes del Clan del Golfo hacia dos Zonas de Ubicación Temporal que funcionarán en los departamentos de Córdoba y Chocó a partir del próximo 25 de junio.
El proceso está siendo coordinado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y busca abrir la puerta al sometimiento judicial, la desmovilización y el eventual desmantelamiento de las estructuras criminales.
Sin embargo, el anuncio generó fuertes cuestionamientos debido a que entre los beneficiados figura Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, máximo cabecilla del Clan del Golfo y uno de los hombres más buscados por narcotráfico en Colombia.
Alias “Chiquito Malo” cuenta además con solicitud de extradición hacia Estados Unidos y desde diciembre de 2025 ya existe concepto favorable de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para enviarlo a ese país. La decisión definitiva sigue en manos del presidente de la República.
La Fiscalía insistió en que la información entregada hasta ahora por el Gobierno solo acredita intenciones de ingreso a las ZUT, pero no demuestra control total sobre los integrantes de la organización ni garantiza el cumplimiento de las condiciones pactadas.
El organismo también lanzó una advertencia adicional: se necesitan mecanismos estrictos de verificación para controlar la identificación, movilidad y permanencia de los integrantes del Clan del Golfo bajo supervisión estatal, evitando que las zonas se conviertan en espacios de operación criminal encubierta.
La medida fue comunicada igualmente al Ministerio de Defensa Nacional, encargado de brindar garantías de seguridad durante los desplazamientos, y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, organismo que acompañará las labores de monitoreo y verificación.
El listado de integrantes incluidos en esta primera fase podría ampliarse en los próximos meses, dependiendo del avance de las negociaciones y de las consultas internas dentro del grupo armado.
Entre los nombres aparecen Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña Santana, Luis Enrique Martínez Cogollo, Carlos Andrés Méndez Paternidad, Fredy Ferney Anaya Mejía, Andrés Arrieta Cardona, Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, Jesús Betancur y Jaime Antonio Morelo Fajardo, además de alias “Chiquito Malo”.
El Gobierno Petro sostiene que este proceso busca facilitar la transición de economías ilegales hacia proyectos lícitos, promover la entrega de armas y abrir camino a un eventual proceso de paz con el Clan del Golfo.
No obstante, la Fiscalía dejó claro que las investigaciones penales continúan plenamente vigentes y que ninguna suspensión de órdenes de captura se hará efectiva hasta comprobar que cada integrante cumple estrictamente con los requisitos establecidos por las autoridades.
El traslado oficial hacia las Zonas de Ubicación Temporal está previsto para iniciar el 25 de junio de 2026, fecha que marcará uno de los capítulos más polémicos y sensibles dentro de la apuesta de “Paz Total” del Gobierno Nacional.
