En medio de crecientes cuestionamientos a la política de “Paz Total”, la audiencia de imputación de cargos contra Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, uno de los máximos jefes de las disidencias de las Farc, terminó envuelta en polémica luego de que el cabecilla guerrillero no se presentara a la diligencia judicial programada para este 12 de mayo.
La audiencia, que debía realizarse ante un juzgado de Villavicencio, fue aplazada para el próximo 28 de mayo a las 9:00 de la mañana, luego de que ni el disidente ni su abogado defensor comparecieran al proceso judicial, pese a que existía la posibilidad de conectarse de manera virtual.
El hecho desató fuertes críticas debido a que otros integrantes del frente 33 de las disidencias sí participaron remotamente desde zonas selváticas del país para escuchar los cargos en su contra, mientras alias “Calarcá”, considerado uno de los hombres más poderosos de las estructuras armadas ilegales, brilló por su ausencia.
El jefe guerrillero deberá responder por delitos de extrema gravedad como desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir con fines de desaparición y homicidio, además de desplazamiento forzado, cargos sustentados por la Fiscalía tras una investigación que involucra crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.
La situación adquiere aún más tensión política porque alias “Calarcá” ha sido uno de los principales interlocutores del Gobierno Nacional dentro de los diálogos adelantados desde 2023 con el llamado Estado Mayor de Bloques, una de las mayores facciones de las disidencias de las Farc que rechazó el acuerdo de paz firmado en 2016.
Sin embargo, el propio presidente Gustavo Petro lanzó recientemente duras críticas contra el cabecilla guerrillero y pidió revisar la continuidad de las negociaciones. El mandatario aseguró que si alias “Calarcá” incumplió compromisos ambientales y continuó asesinando soldados y rivales mediante crímenes de guerra, “no hay paz”.
“A mí me gustaría la paz, pero la paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras”, advirtió el jefe de Estado en declaraciones que aumentaron la presión sobre el proceso de negociación.
Pese a los acercamientos con el Gobierno, las autoridades sostienen que la estructura armada comandada por alias “Calarcá” continuó ejecutando atentados contra la fuerza pública y la población civil en regiones estratégicas como la Amazonía y la frontera con Venezuela.
Los organismos de inteligencia también lo señalan de liderar economías criminales ligadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y la deforestación masiva para expandir actividades ganaderas en zonas protegidas del país.
La imputación de cargos surge a partir de la información encontrada en memorias USB incautadas por las autoridades durante un operativo realizado en junio de 2024, cuando una caravana en la que se movilizaba el disidente fue interceptada. En ese momento no fue capturado porque había sido designado como gestor de paz.
La fiscal general Luz Adriana Camargo fue contundente al referirse al material hallado en esos dispositivos electrónicos. Según explicó, allí aparecerían evidencias relacionadas con homicidios y otras conductas extremadamente graves que, en su criterio, ponen en duda la permanencia del cabecilla en una mesa de negociación.
El aplazamiento de la audiencia ahora vuelve a encender el debate nacional sobre los beneficios judiciales otorgados a cabecillas armados mientras continúan las denuncias por hechos violentos atribuidos a las disidencias en distintas regiones del país.
