A más de 20 años de la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata, la justicia volvió a tocar una herida que el Estado intentó cerrar en silencio. El Juzgado 58 Penal del Circuito de Bogotá le cerró la puerta al archivo del proceso y ordenó reabrir la investigación, al considerar insuficientes, débiles y mal sustentados los argumentos de la Fiscalía General de la Nación para dar por concluido el caso.
La decisión judicial adquiere un peso explosivo; el expediente está al borde de la prescripción, y para la familia de la oficial —y su abogado, Jesús Vergara— lo ocurrido no solo configura graves irregularidades procesales, sino la posibilidad real de que se trate de un crimen de lesa humanidad, lo que haría el caso imprescriptible.
Tras el fallo, la Fiscalía se vio forzada a reaccionar y anunció la ampliación del término de investigación por 6 años y 8 meses, una prórroga extraordinaria sustentada en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que permite extender los procesos cuando hay funcionarios públicos involucrados.
El documento judicial es contundente. En él se establece que, tratándose de delitos de homicidio agravado, el término de prescripción debe incrementarse en una tercera parte cuando el investigado ostentaba la calidad de servidor público. En este caso, se hace referencia directa a Horacio Serpa Uribe, quien para la época de los hechos se desempeñaba como ministro del Interior del gobierno de Ernesto Samper. Así, el límite de la acción penal se amplía a 26 años y 8 meses, una decisión que reabre un expediente que muchos daban por enterrado.
La muerte de la entonces cadete Zapata ocurrió en la Escuela de Policía General Santander, y desde el inicio fue presentada como un suicidio por motivos personales. Sin embargo, esa versión oficial se desmorona al revisar el expediente, no había rastros de pólvora en la mano de la oficial, las lesiones no coincidían con la hipótesis inicial y la escena fue alterada antes de la llegada de las autoridades judiciales.
El juez fue claro y dejó en visto que la Fiscalía no agotó otras hipótesis, no escuchó a todas las víctimas, ni valoró de manera integral los elementos probatorios aportados durante años por la familia. Para el despacho, la tesis del suicidio carece de cohesión probatoria y se sostuvo más por inercia institucional que por evidencia científica.
La supuesta causa emocional —una ruptura sentimental con una expareja identificada como ‘el gordo’— también fue desmontada. El distanciamiento había ocurrido meses antes y no podía explicarse como detonante inmediato. Por el contrario, testimonios ignorados por años daban cuenta de un nuevo vínculo afectivo, planes de graduación y un claro ascenso profesional, incompatibles con la narrativa de una mujer al borde del colapso.
A esto se suma la existencia de una carta suicida de autoría dudosa. Una testigo afirmó no reconocer la letra ni el contenido, y describió a Zapata como una oficial motivada, optimista y “abierta a nuevas relaciones”.
Las irregularidades no terminan ahí. Según reconstrucciones citadas por un medio nacional, tras el hallazgo del cuerpo, los oficiales de la escuela no avisaron de inmediato a las autoridades judiciales y acudieron primero a un perito cercano a la institución. La escena fue intervenida, objetos personales manipulados y pruebas clave comprometidas. El resultado, una investigación estancada durante dos décadas.
El caso tomó una dimensión aún más oscura al vincularse con la Comunidad del Anillo, una presunta red de favores sexuales dentro de la Policía Nacional, en la que cadetes eran ofrecidos a oficiales y congresistas a cambio de dinero y poder. Aunque dos coroneles fueron condenados, la muerte de Lina Maritza Zapata sigue sin responsables.
El fallo del Juzgado 58 ordena reconstruir los hechos, practicar pruebas técnicas sobre armas y sable, revisar testimonios omitidos y analizar la posible alteración deliberada de la escena del crimen. También exige mirar de frente los patrones de encubrimiento institucional denunciados por las víctimas.
Para su familia y para una opinión pública cada vez más incrédula, el mensaje es claro, la impunidad también deja huellas… y no prescriben fácilmente.
