El congresista conservador deberá portar un dispositivo electrónico mientras continúa la investigación por presuntas irregularidades en contratos públicos. La Corte también le prohibió comunicarse con testigos del proceso.
La situación judicial del senador Miguel Ángel Barreto Castillo volvió a ocupar la atención pública este jueves 20 de agosto, luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunciara nuevas medidas dentro de la investigación conocida como “Marionetas 2.0”.
Aunque el alto tribunal decidió que el congresista continuará en libertad, sí ordenó que sea sometido a vigilancia electrónica por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Esto significa que deberá utilizar un dispositivo electrónico que permita monitorear su ubicación mientras avanza el proceso.
La decisión también contempla el pago de una caución y la prohibición de establecer contacto con los testigos relacionados con la investigación. Según la Corte, las medidas buscan garantizar que el proceso pueda continuar sin interferencias.
Una investigación por contratos públicos
Barreto es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público y determinador de interés indebido en la celebración de contratos.
El expediente analiza posibles irregularidades relacionadas con contratos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y de Proyecta. La hipótesis de la investigación apunta a que determinados contratos habrían sido direccionados para beneficiar intereses políticos y económicos.
Uno de los convenios bajo análisis fue firmado en noviembre de 2021 entre el DPS y Proyecta por un valor aproximado de 48.660 millones de pesos. De este acuerdo se habrían desprendido 13 contratos por unos 24.606 millones de pesos, cuyo direccionamiento es objeto de investigación.
En el proceso también aparecen los nombres del exsenador Ciro Ramírez y del exdirector del DPS Pierre García, entre otros involucrados.
El vínculo con las “Marionetas”
El caso que compromete a Barreto es considerado una continuación del entramado de corrupción conocido como “Las Marionetas”, investigación que tuvo como principal protagonista al fallecido exsenador Mario Castaño.
La investigación sostiene que el esquema habría consistido en intervenir en procesos de contratación pública para beneficiar a determinados contratistas y obtener, presuntamente, beneficios económicos o electorales.
En el capítulo relacionado con el DPS, las autoridades han investigado contratos de obras e interventorías en departamentos como Tolima y Quindío. Investigaciones previas ya habían señalado presuntos vínculos entre funcionarios, contratistas y congresistas dentro de este esquema.
Barreto seguirá en libertad
Uno de los puntos centrales de la decisión de la Corte es que Miguel Ángel Barreto no irá a prisión por ahora. El tribunal optó por imponer medidas de vigilancia y restricciones mientras continúa la investigación.
El uso de la tobillera electrónica permitirá al Inpec realizar seguimiento sobre sus movimientos, mientras que la prohibición de contacto con testigos pretende proteger el desarrollo de las diligencias judiciales.
La medida, además, no representa una condena. El senador continúa siendo investigado y conserva su presunción de inocencia mientras la Corte determina si las pruebas permiten establecer una eventual responsabilidad penal.
Un segundo proceso judicial
El congresista también enfrenta otro expediente ante la justicia relacionado con presuntas irregularidades en la financiación de su campaña política.
En ese proceso se investigan posibles delitos de falsedad en documento público y fraude procesal, relacionados con supuestos aportes económicos que no habrían sido reportados ante las autoridades electorales.
Barreto, integrante del Partido Conservador y elegido por el departamento del Tolima, deberá ahora afrontar ambos procesos mientras permanece en libertad, pero bajo las condiciones establecidas por la Corte Suprema.
La decisión de este jueves marca así un nuevo capítulo en el caso “Marionetas 2.0”, una investigación que continúa revelando presuntas conexiones entre política, contratación pública y beneficios económicos.
