Un terremoto sacude al sector comercio en Colombia. En uno de los operativos más grandes contra el lavado de activos en la historia reciente, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio sobre más de 400 locales de la reconocida cadena de ropa interior Lili Pink, tras detectar presuntos vínculos con contrabando y movimientos financieros irregulares que superarían los $730.000 millones.
La ofensiva judicial, revelada el pasado 28 de abril, no solo impacta a la marca, sino que pone en vilo el futuro de más de 2.000 trabajadores en todo el país. La administración de los bienes incautados quedó en manos de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que asumirá el control estatal con la misión de mantener la operación comercial y proteger los derechos laborales durante el proceso.
Según el ente acusador, la investigación destapó un entramado que iría más allá de la venta de ropa femenina. La marca habría sido utilizada como canal para ingresar al país mercancía como juguetes y cosméticos sin la documentación requerida, a través de empresas fachada y maniobras destinadas a ocultar el origen del dinero y simular legalidad.
Las cifras son contundentes: bienes incautados por más de $54.000 millones, que incluyen 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, distribuidos en 59 ciudades de 25 departamentos. A esto se suma un presunto enriquecimiento ilícito superior a $430.000 millones y operaciones de contrabando cercanas a $75.000 millones.
Desde la SAE se advirtió que el futuro de la cadena dependerá de un diagnóstico integral que evaluará su estado financiero, contable, laboral y productivo. El objetivo, según la entidad, es evitar el colapso del negocio y garantizar la continuidad de las tiendas mientras avanza el proceso judicial.
Sin embargo, el componente humano del caso enciende las alarmas. La entidad denunció que directivos de la empresa habrían tenido conocimiento previo de las diligencias y dejaron “abandonadas a su suerte” a las empleadas en medio de los operativos. Ante este escenario, la SAE activó coordinación con el Ministerio de Trabajo para blindar los derechos de los trabajadores.
El caso también encendió alertas institucionales: por solicitud de la SAE, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República acompañarán el proceso con auditorías permanentes para garantizar transparencia en la administración de los activos.
Pese a la magnitud del escándalo, la Fiscalía confirmó que los establecimientos seguirán abiertos al público durante el trámite judicial, una decisión que busca evitar un impacto inmediato en consumidores y empleados.
Por su parte, Lili Pink reconoció la existencia de la investigación y aseguró que trabaja con sus asesores legales para enfrentar el proceso dentro del marco de la ley.
El expediente revela un sofisticado esquema de simulación empresarial: transacciones fragmentadas, relaciones comerciales ficticias y maniobras para evadir controles aduaneros, dificultando la trazabilidad del dinero e incorporándolo al sistema económico formal.
Así, lo que comenzó como una marca posicionada en el mercado femenino colombiano hoy enfrenta su mayor crisis: una batalla judicial que no solo definirá su futuro empresarial, sino que podría convertirse en un precedente clave en la lucha contra el lavado de activos en el país.
