El bolsillo de los colombianos recibirá un nuevo golpe. El Gobierno nacional confirmó que el precio de la gasolina volverá a subir de manera inmediata, en una decisión que marca un giro definitivo en la política de subsidios y que ya genera controversia por su impacto en la inflación y el costo de vida.
El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien defendió el ajuste como una medida “inevitable” ante la presión de los mercados internacionales y el peso fiscal que representa el subsidio a los combustibles a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
“No es sostenible, no es viable, no es conveniente”, sentenció el jefe de la cartera económica, al calificar el subsidio como “el peor gasto del presupuesto público”. Con ese argumento, el Gobierno oficializó un incremento de $400 en el precio de la gasolina, que comenzará a regir en los próximos días.
La decisión se toma en medio de un contexto internacional tenso, especialmente por la crisis en Medio Oriente, que ha presionado al alza los precios del petróleo y sus derivados. Según explicó Ávila, esta coyuntura no solo encarece los combustibles, sino también insumos clave como los fertilizantes, amplificando el impacto en la economía nacional.
El cambio de rumbo es claro: Colombia entra en una etapa de precios variables. “Vamos a tener una movilidad en los precios de la gasolina de acuerdo a las circunstancias internacionales”, advirtió el ministro, dejando atrás la política de contención que en meses anteriores permitió incluso leves reducciones.
Pero el alivio duró poco. La nueva realidad es un mercado atado a la volatilidad global, donde factores externos —como conflictos geopolíticos— definirán lo que pagan los ciudadanos en las estaciones de servicio.
El ajuste no se limita a la gasolina. El Gobierno también anticipó incrementos, aunque menores, en otros combustibles como el ACPM, lo que podría encarecer el transporte de carga y, en cadena, los precios de alimentos y bienes básicos.
La preocupación crece en el frente inflacionario. El propio ministro advirtió sobre los riesgos que enfrentan los hogares, al señalar que el aumento en tasas de interés podría generar efectos “inflacionarios y contractivos”, es decir, una economía más cara y con menor crecimiento.
En medio de este panorama, el Gobierno dejó abierta —aunque no inmediata— la posibilidad de revisar el salario mínimo, una señal que refleja la presión sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Por ahora, la decisión queda en pausa mientras se evalúa el comportamiento del ingreso real.
El mensaje es contundente: el país abandona gradualmente los subsidios y traslada el peso del mercado internacional al consumidor final. Una decisión que, aunque defendida como responsable desde lo fiscal, promete intensificar el debate político y económico en un momento de alta sensibilidad social.
