Una vez más el bolsillo de los colombianos siente el golpe, esta vez, el precio del kilo de carne se disparó un 15,6% en apenas un año, pasando de $27.502 en abril de 2025 a $31.819 en abril de 2026, según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
En respuesta al encarecimiento, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció una polémica resolución: prohibir la exportación de ganado bovino de dos años o menos. La decisión, que busca frenar la presión sobre los precios internos, desató de inmediato una fuerte reacción del sector ganadero, que la califica como equivocada y potencialmente perjudicial.
Desde la Federación Colombiana de Ganaderos, el mensaje fue directo. Óscar Cubillos Pedraza, jefe de Planeación del gremio, lanzó una advertencia sin matices: “El precio de la carne no bajaría”. Su argumento apunta a un diagnóstico errado del Gobierno. Según explicó, el alza no responde a un exceso de exportaciones, sino a un fenómeno interno: los colombianos están consumiendo más carne.
Las cifras respaldan esa tesis. De acuerdo con el Instituto Colombiano Agropecuario, el hato bovino nacional alcanza los 30,3 millones de cabezas. En 2025, apenas el 0,7% de ese inventario —227.429 reses— fue exportado, y de estas, cerca de 110.000 eran menores de dos años, justamente las que quedarían bloqueadas con la nueva medida.
Además, la tasa de extracción —que combina sacrificio y exportaciones— se ubica en el 16%, muy lejos del 30% considerado históricamente como crítico para el abastecimiento. Para el gremio, esto desmonta la idea de que el mercado interno esté desabastecido por ventas al exterior.
El choque escala aún más por el antecedente internacional. Cubillos recordó el caso de Cristina Fernández de Kirchner, cuya política de restricciones a la exportación de carne en Argentina terminó, según Fedegán, en una crisis profunda del sector ganadero. “La historia ya mostró que este camino puede ser devastador”, advirtió.
Por su parte, el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, matizó el debate al reiterar su rechazo a la exportación de hembras destinadas a la reproducción, pero sin respaldar la nueva restricción generalizada que impulsa el Gobierno.
El impacto económico podría ser inmediato. Los principales mercados internacionales —especialmente en Medio Oriente— demandan ganado joven para terminar su engorde bajo sus propias prácticas. Con la restricción, Colombia podría perder competitividad frente a otros proveedores.
“Nos van a reemplazar”, advierten desde el gremio. La consecuencia: una caída drástica en exportaciones, que pasarían de cerca de 200 millones de dólares a apenas 100 millones, golpeando la generación de divisas y la economía rural.
Pero el riesgo más delicado estaría fuera del radar oficial: el contrabando. Fedegán alerta que cerrar las exportaciones formales podría abrir la puerta a una expansión de mercados ilegales, especialmente hacia Venezuela. “Si ya existe contrabando, la medida no lo va a frenar, lo va a incentivar”, señalan.
Así, mientras el Gobierno intenta contener el alza en los precios, el sector productivo advierte que la receta podría salir más cara que la enfermedad. El pulso está planteado: controlar el costo de la carne o evitar un golpe estructural a la ganadería colombiana. El desenlace, por ahora, es incierto.
