Las principales plataformas digitales de transporte en Colombia —Uber, Didi y Cabify— encendieron las alarmas tras la radicación en el Senado de un proyecto de ley que, según advierten, podría significar su salida definitiva del país. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, plantea una ofensiva directa contra la operación de estas aplicaciones, hoy sin una regulación formal.
El articulado propone declarar ilegal toda movilización de personas o carga en vehículos particulares que no cuenten con autorización oficial, lo que en la práctica impactaría de lleno a las plataformas digitales. El proyecto no solo apunta a conductores y usuarios, sino que amplía el alcance de las sanciones a propietarios de inmuebles y edificios donde, según la autoridad, se facilite la prestación del denominado “servicio ilegal de transporte”.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es el endurecimiento del régimen sancionatorio. Las multas podrían alcanzar hasta 726 millones de pesos, además de la inmovilización de vehículos por periodos que irían de cinco a sesenta días, dependiendo de la reincidencia, incluso desde la primera infracción.
La propuesta también modifica las facultades de la Superintendencia de Transporte, otorgándole mayor margen de acción para imponer sanciones administrativas y ordenar medidas inmediatas contra quienes operen al margen del marco legal vigente.
El texto legislativo establece, además, la obligación de alcaldes y autoridades de Policía de priorizar la persecución de estos servicios en las ciudades, convirtiendo el control del transporte digital en una tarea preferente de las administraciones locales.
Uno de los aspectos que más controversia ha generado es la facultad que tendría el Estado para ordenar el cierre de plataformas digitales sin necesidad de una orden judicial, una medida que, según críticos del proyecto, abre un fuerte debate jurídico y constitucional.
Desde las plataformas advierten que el proyecto no busca regular ni modernizar el sector, sino eliminarlo de facto, afectando a miles de conductores que dependen de estas aplicaciones como fuente de ingresos y a millones de usuarios que las utilizan a diario.
El proyecto ya comenzó a generar una fuerte polémica política y social, mientras el Senado se prepara para debatir una iniciativa que podría redefinir —o sepultar— el futuro del transporte digital en Colombia.
