El Gobierno del presidente Gustavo Petro firmó en enero un nuevo contrato por $185.374 millones para la producción y personalización de pasaportes, un acuerdo que vuelve a poner bajo la lupa uno de los procesos más sensibles y controvertidos de la actual administración. Se trata del tercer contrato suscrito con el mismo objeto durante este Gobierno, en medio de cuestionamientos por su alto costo, la planeación institucional y los antecedentes administrativos que rodean el tema.
La firma del convenio se conoce en un contexto especialmente delicado. Según reveló un medio nacional, en menos de 30 días el Ejecutivo realizó 9.282 nombramientos y firmó 213 contratos con distintas firmas, por un valor total cercano a 1,3 billones de pesos. Aunque muchos de estos movimientos se hicieron antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el contrato de pasaportes no estaba sujeto a dicha restricción. Aun así, su cuantía y recurrencia han despertado inquietudes en distintos sectores.
El nuevo acuerdo fue publicado en el Secop II el jueves 29 de enero a las 7:30 de la noche. De acuerdo con el documento oficial, su objeto es la producción, personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como la impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica, bajo un esquema de precios unitarios para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El contrato resulta especialmente sensible porque es el tercer convenio con el mismo propósito firmado durante el actual Gobierno, lo que ha intensificado los cuestionamientos sobre la falta de una solución estructural y definitiva para un servicio esencial del Estado.
La nueva contratación se da apenas tres meses después de que la Procuraduría General de la Nación revelara presuntas irregularidades en el contrato suscrito entre la Cancillería, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional. En octubre pasado, el ente de control presentó una demanda solicitando la nulidad absoluta de ese convenio y actualmente está pendiente una medida cautelar que podría suspenderlo de manera inmediata.
Este escenario ha llevado a que analistas y sectores políticos interpreten el nuevo contrato como un posible plan alterno del Gobierno frente a un eventual fallo adverso en los estrados judiciales.
Según la minuta contractual, el acuerdo fue firmado por Elvira Sanabria, en representación del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Viviana León, directora de la Imprenta Nacional. El documento fija como plazo de ejecución hasta diciembre de 2026, sin precisar una fecha exacta de inicio.
El valor total asciende a $185.374.493.464, suma que incluye IVA y otros impuestos. Con este nuevo compromiso, el monto acumulado de los contratos de pasaportes firmados durante el Gobierno Petro supera los $1,49 billones, una cifra que contrasta con los discursos oficiales de austeridad y eficiencia en el gasto público.
Con la firma del nuevo contrato, persiste la incertidumbre sobre el esquema definitivo de producción de pasaportes en Colombia y se abre la puerta a nuevas subcontrataciones, especialmente cuando el contrato vigente expire en abril próximo. Mientras tanto, los organismos de control mantienen la lupa sobre un proceso que sigue acumulando cifras millonarias y preguntas sin resolver.
