La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un menor diagnosticado con hemofilia que falleció tras no recibir oportunamente sus medicamentos, encendió una nueva tormenta política en el Congreso y volvió a poner bajo la lupa la crisis estructural del sistema de salud colombiano.
El caso tomó mayor dimensión luego de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, atribuyera inicialmente la muerte del menor a una caída en bicicleta, declaraciones que generaron indignación y cuestionamientos desde distintos sectores políticos.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, radicó formalmente una solicitud de moción de censura contra el jefe de la cartera de Salud.
“Es inadmisible un ministro de Salud que ha revictimizado a la madre de Kevin Acosta (…) y que, en vez de mejorar la crisis de salud —que obviamente venía desde antes— ha tomado medidas que han creado más barreras para el acceso a este derecho fundamental”, sostuvo la congresista.
En el documento presentado ante el Congreso, Pedraza afirmó que el incremento de tutelas por vulneración del derecho a la salud demuestra fallas estructurales y no hechos aislados. “Cada dos minutos la gente tiene que radicar una tutela para acceder a una cita o a un medicamento”, citó, apoyándose en cifras de la Defensoría del Pueblo.
La ofensiva política fue respaldada por el representante David Luna, quien el 18 de febrero de 2026 radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la posible responsabilidad penal del Ministerio de Salud y de la Nueva EPS en el caso.
Luna pidió establecer si existieron errores u omisiones en la cadena de atención que desembocaron en la muerte del menor y solicitó que se respete la reserva de la historia clínica. “El crimen de Kevin no puede quedar impune (…) llegó la hora de que el ministro responda políticamente y renuncie”, declaró.
El caso reavivó las denuncias sobre desabastecimiento y retrasos en la entrega de medicamentos en distintas regiones del país, así como demoras en la asignación de citas médicas e interrupciones en tratamientos crónicos.
En el centro del debate está también el alto costo de los medicamentos para la hemofilia. Uno de los más utilizados es el Emicizumab, cuyo valor puede superar los 40 millones de pesos, una cifra que representa una barrera casi insuperable para muchas familias si el sistema no garantiza cobertura oportuna.
Mientras el Congreso se prepara para un eventual debate de moción de censura, el país asiste a un nuevo capítulo del choque entre el Gobierno y la oposición por el rumbo de la salud pública. La muerte de Kevin no solo enluta a una familia: se convirtió en símbolo de un sistema que, para muchos, está fallando en su misión más básica —proteger la vida.
