En una de las decisiones más contundentes contra la corrupción judicial en Colombia, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez a 10 años de prisión por su participación en el escándalo conocido como el “cartel de la toga”.
La sentencia lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con cohecho propio en concurso homogéneo, imponiéndole además una multa de $133.738.170 y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena.
La Corte ordenó su captura inmediata y la emisión de notificación roja a través de Interpol para garantizar el cumplimiento de la condena. Asimismo, negó cualquier beneficio como la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria, por lo que deberá cumplir la sanción en un establecimiento penitenciario definido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
El proceso se remonta a las actuaciones de Bustos cuando integraba la Sala Penal de la Corte Suprema. Según la sentencia, el exmagistrado se concertó con un magistrado y un exmagistrado de la misma corporación, además de abogados litigantes como Luis Gustavo Moreno Rivera, para ofrecer favores judiciales a aforados con procesos activos en la Corte.
La investigación determinó que, a cambio de millonarias sumas de dinero, prometían decisiones favorables como archivos de procesos, autos inhibitorios, preclusiones, dilaciones estratégicas, bloqueo de órdenes de captura e incluso evitar medidas de aseguramiento.
Entre los contactados estuvieron los entonces senadores Musa Besaile Fayad y Álvaro Antonio Ashton Giraldo, quienes habrían pagado $2.000 millones y $1.200 millones, respectivamente, para obtener beneficios en procesos relacionados con la parapolítica.
De acuerdo con el fallo, Bustos recibió $200 millones en efectivo entregados por Moreno, dinero que provenía del pago ilícito realizado por Besaile.
Como medida de restablecimiento institucional, la Corte ordenó que Bustos publique, a su costa y por una sola vez, la parte resolutiva del fallo y un resumen elaborado por la corporación en medios audiovisuales y escritos previamente aprobados. La obligación deberá cumplirse dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
No obstante, la Sala lo absolvió del delito de tráfico de influencias de servidor público, al considerar que no se configuraron los elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal por esa conducta específica.
La condena representa uno de los capítulos más simbólicos en la lucha contra la corrupción dentro de la propia rama judicial. El “cartel de la toga” no solo expuso una red de sobornos en la más alta instancia penal del país, sino que golpeó la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Con esta sentencia, la Corte envía un mensaje claro: incluso quienes administran justicia pueden terminar respondiendo ante ella.
