La muerte del pequeño Isaías David Rojas Vargas, ocurrida el pasado 5 de abril en Cartagena, encendió una fuerte polémica nacional y abrió un nuevo capítulo en el debate sobre la atención en el sistema de salud colombiano. Mientras su familia denuncia demoras críticas, Nueva EPS salió al paso y defendió su actuación, asegurando que “se garantizó la atención oportuna” durante todo el proceso.
El caso, que ya había generado protestas ciudadanas en Bosconia (Cesar), tomó mayor fuerza tras el pronunciamiento oficial de la entidad, en el que expuso su versión frente a las acusaciones que apuntan a presuntas fallas en la remisión del menor a un centro de mayor complejidad.
En su comunicado, Nueva EPS lamentó el fallecimiento del bebé y expresó condolencias a su familia. Sin embargo, fue enfática en señalar que desde su nacimiento, en una clínica de Bosconia, el menor recibió atención especializada en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales debido a su delicado estado de salud.
Según la entidad, el niño presentaba una cardiopatía congénita compleja —con diagnóstico de alta gravedad— que requería manejo especializado e intervención quirúrgica en un centro de mayor nivel. En ese sentido, afirmó que desde el inicio se activaron los protocolos médicos y administrativos para su atención integral.
El punto más crítico del caso radica en los tiempos de remisión. La EPS asegura que el proceso se adelantó con su red de prestadores y que el menor fue aceptado el 18 de marzo por la Clínica Neuro Cardiovascular–Neurodinamia, en Cartagena, donde posteriormente fue trasladado y atendido por un equipo multidisciplinario.
Allí, tras estudios especializados y junta médica, se determinó la necesidad de cirugía, la cual se practicó el 2 de abril. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el bebé falleció tres días después.
No obstante, esta versión contrasta con la de los familiares, quienes sostienen que durante casi dos meses enfrentaron trabas y demoras que habrían agravado el estado del menor. Las denuncias escalaron al punto de generar un bloqueo de la vía nacional el 18 de marzo, como medida de presión para exigir el traslado urgente.
Mientras Nueva EPS insiste en que cumplió con los criterios de oportunidad, calidad y continuidad en la prestación del servicio, el caso ha reavivado cuestionamientos sobre la eficiencia del sistema de salud, especialmente en situaciones de alta complejidad donde cada hora puede ser determinante.
Por ahora, el caso sigue generando indignación y exigencias de investigación para esclarecer si hubo fallas administrativas o si, como sostiene la EPS, se trató de un desenlace clínico inevitable pese a la atención brindada.
