Después de 26 días de incertidumbre, miedo y presión social, fue liberado Yormay Sebastián Contreras Castillo, el adolescente de 16 años que permanecía retenido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la convulsionada región del Catatumbo. El regreso del menor fue confirmado este lunes 11 de mayo por la Asociación Madres del Catatumbo, organización que lideró las gestiones humanitarias para lograr su liberación.
La noticia generó alivio en Norte de Santander y reabrió el debate nacional sobre el reclutamiento, retención y control territorial que siguen ejerciendo los grupos armados ilegales sobre niños y adolescentes en varias zonas del país.
“Con profundo alivio y esperanza (…) informamos que Yormay Sebastián Contreras Castillo recuperó su libertad, luego de permanecer durante 26 días retenido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, señaló la organización en un comunicado autorizado expresamente por la familia del joven.
El caso había provocado una fuerte movilización social en el municipio de Tibú, donde comunidades campesinas, líderes sociales y organismos humanitarios exigieron durante semanas la liberación inmediata del adolescente.
Según la información conocida, Yormay Sebastián fue retenido el pasado 7 de abril en un retén ilegal instalado por hombres armados del ELN en el kilómetro 25 de la vía hacia Tibú. Los insurgentes obligaron al menor a descender de una motocicleta y, tras revisar su teléfono celular, decidieron llevárselo.
Desde ese momento comenzó un drama familiar que mantuvo en vilo a toda la región del Catatumbo.
La madre del joven, Blancanieves Castillo, acudió rápidamente al lugar de la retención, pero solo recibió una respuesta al día siguiente por parte de los captores, quienes habrían indicado que entregarían al menor “de uno a dos meses” y que ellos “lo iban a educar”.
La situación generó indignación en organizaciones defensoras de derechos humanos y motivó a la presidenta de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, Carmen García —tía del adolescente—, a convocar plantones permanentes y movilizaciones comunitarias para exigir la liberación.
De acuerdo con declaraciones entregadas a medios nacionales, el motivo de la retención habría surgido por un mensaje encontrado en el celular del menor, donde un amigo mencionaba haber trabajado “en una cocina de la disidencia de las Farc”. Esa conversación habría sido suficiente para que integrantes del ELN decidieran investigarlo y mantenerlo retenido.
Durante las semanas de cautiverio, la Asociación Madres del Catatumbo conformó una comisión humanitaria con apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Iglesia católica, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y UNICEF, entre otras entidades.
La presión social creció con un plantón permanente realizado por cerca de 200 campesinos y líderes sociales en la zona donde ocurrió el secuestro, mientras organismos internacionales calificaban el hecho como una grave vulneración al Derecho Internacional Humanitario.
El caso también volvió a poner bajo la lupa la crisis humanitaria que enfrenta el Catatumbo, una región golpeada por la presencia de grupos armados ilegales, disputas territoriales y reclutamiento de menores.
Según reportes recientes de Naciones Unidas, el reclutamiento infantil en Colombia aumentó un 300 % en los últimos cinco años, siendo el Catatumbo uno de los territorios más afectados por esta problemática.
Tras la liberación, la familia pidió privacidad y respeto para afrontar el proceso de recuperación emocional del adolescente.
“Por solicitud expresa de la familia, y en respeto a su intimidad, seguridad y bienestar emocional, nos abstendremos de entregar información adicional sobre el caso”, señaló la organización humanitaria, que también pidió sensibilidad frente al difícil momento vivido por el menor y sus allegados.
