Una decisión que sacudió a la opinión pública y dejó más preguntas que respuestas. El pasado 19 de enero de 2026, la Fiscalía General de la Nación anunció que presentaría cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presuntas fallas en las medidas de seguridad asignadas al senador Miguel Uribe Turbay, asesinado en Bogotá en 2025. Sin embargo, horas después, el ente acusador dio un giro inesperado y retiró la imputación, desatando una nueva controversia alrededor de uno de los magnicidios más sensibles de los últimos años.
La Fiscalía justificó su decisión en la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, mediante la cual se creó un Grupo de Tareas Especiales para investigar de manera integral los hechos relacionados con el atentado contra Uribe Turbay. Según el ente investigador, el retiro de la imputación obedece a un ajuste en la organización interna del caso y no implica que se descarten las alertas ni las posibles omisiones advertidas con anterioridad.
La determinación generó inmediata reacción por parte de la defensa de la familia del senador. Víctor Mosquera, abogado de las víctimas, expresó su preocupación por la marcha atrás de la Fiscalía, aunque señaló que entiende la decisión como un intento por preservar el debido proceso y evitar futuras nulidades.
El abogado reiteró su confianza en la articulación entre el Grupo de Tareas Especiales y la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, despacho que ha llevado la línea investigativa. Asimismo, expresó respaldo a la fiscal del caso, destacando que su labor se ha sustentado en los elementos materiales probatorios recaudados.
La defensa también insistió en la necesidad de resultados concretos y rápidos. “Esperamos que la Fiscalía General de la Nación defina en el corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las víctimas”, afirmó Mosquera.
Las acusaciones contra Augusto Rodríguez surgieron luego de que la familia de Miguel Uribe Turbay aportara pruebas sobre supuestas omisiones reiteradas de la UNP. Según la investigación, el senador y su equipo habrían enviado al menos 23 solicitudes para reforzar su esquema de seguridad, sin obtener respuestas efectivas. El hecho tomó mayor gravedad tras el atentado del 7 de junio de 2025, cuando un sicario logró acercarse a pocos metros del entonces precandidato presidencial, quien solo contaba con tres escoltas.
Con base en estos hechos, la Fiscalía había solicitado audiencia de imputación contra Rodríguez por el presunto delito de prevaricato por omisión, al considerar que no atendió los llamados para fortalecer la protección de uno de los políticos más amenazados del país.
Rodríguez rechazó los señalamientos, calificándolos como políticamente motivados, y aseguró que su gestión al frente de la UNP se ajustó a criterios técnicos. Desde la Presidencia, por su parte, se insistió en que el proceso debía analizarse con rigor jurídico y sin presiones externas.
