Un nuevo y explosivo escándalo amenaza con sacudir los cimientos del Estado colombiano. La representante a la Cámara Cathy Juvinao denunció la existencia de un posible esquema sistemático de uso de diplomas con inconsistencias legales para acceder a cargos y contratos en entidades del Gobierno nacional, comprometiendo millonarios recursos públicos y dejando en entredicho los controles del sistema educativo y administrativo del país.
Según la congresista, al menos 24 funcionarios y contratistas habrían presentado títulos profesionales irregulares expedidos por la Fundación Universitaria San José, los cuales fueron utilizados entre 2023 y 2025 para vincularse laboralmente a por lo menos 16 entidades del Estado. El presunto daño al erario superaría los 1.100 millones de pesos, pagados en salarios y honorarios sustentados en credenciales que hoy estarían bajo seria duda legal.
La verificación realizada por el equipo de Juvinao destapó graves anomalías académicas. En seis casos, los beneficiarios no registran haber presentado la prueba Saber Pro, requisito obligatorio para obtener un título profesional en Colombia. En otros 18 casos, aunque sí presentaron el examen, este se realizó después de haberse graduado, una irregularidad que viola abiertamente la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 del mismo año, que exigen aprobar dicha prueba antes de la expedición del diploma.
Los títulos cuestionados no fueron un simple trámite administrativo: habrían sido determinantes para cumplir los requisitos académicos exigidos en contratos y cargos públicos. Entre las entidades salpicadas figura el SENA, con al menos diez casos identificados, además de la Unidad Nacional de Protección, el Invima, los ministerios de Transporte y Salud, la DIAN, el DANE, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Dapre, la Aeronáutica Civil, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Corporación Aeronáutica Colombiana, entre otras.
La denuncia va más allá: en al menos un caso, una misma persona habría sido contratada por más de una entidad, de forma simultánea o sucesiva. Además, algunos de los implicados ocuparon cargos como asesores, analistas, instructores o técnicos administrativos, con pagos mensuales que, sumados, alcanzan decenas de millones de pesos, pese a que los títulos con los que acreditaron su formación podrían carecer de validez legal.
Otro hecho que prende las alarmas es que, en varios casos, las personas ya estaban vinculadas al Estado antes de la fecha oficial de grado de los programas profesionales que luego reportaron, lo que sugiere posibles maniobras para “acomodar” requisitos académicos a conveniencia.
Para la representante Juvinao, los hallazgos apuntan a algo mucho más grave que errores individuales. “Todo indica que no estamos ante hechos aislados, sino frente a un posible esquema estructural”, advirtió, cuestionando directamente tanto a la Fundación Universitaria San José como a los mecanismos de control del Ministerio de Educación Nacional y a los procesos de verificación de requisitos dentro de las entidades públicas.
Ante la magnitud del escándalo, la congresista solicitó la intervención inmediata del Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, para establecer responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales, determinar si hubo detrimento al patrimonio público y definir quién deberá responder por la eventual devolución de los recursos ya pagados. También pidió que se investigue si existen casos similares en otras entidades del orden nacional y territorial.
