Un escándalo de alto calibre sacude a la cúpula de la Fuerza Pública, pues varios generales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia, señalados en investigaciones por graves irregularidades, continúan en servicio activo, con salarios millonarios, beneficios en dólares y esquemas de seguridad exclusivos.
Las revelaciones, sustentadas en documentos del Ministerio de Defensa, ponen en el centro del debate un mecanismo legal que hoy genera fuerte controversia: la “comisión en el exterior”, figura que permite a altos oficiales mantenerse activos mientras enfrentan procesos judiciales.
Bajo este esquema, los generales reciben más de $24 millones mensuales, a los que se suma una asignación de hasta 10.000 dólares cada mes, además de primas semestrales cercanas a los $34 millones, conocidas como “prima de alta dirección”.
En total, estos ingresos pueden superar los $700 millones anuales por oficial, sin contar beneficios adicionales. Y lo más polémico: estos privilegios se mantienen incluso cuando existen investigaciones en curso.
El paquete de beneficios no termina en el exterior. A su regreso al país, los oficiales conservan esquemas de seguridad permanentes que incluyen camionetas blindadas y escoltas motorizados, independientemente del estado de sus procesos judiciales.
Entre los casos más sensibles aparece el general Helder Giraldo, excomandante de las Fuerzas Militares y actual agregado militar en Brasil, quien sigue activo y recibiendo todos los beneficios mientras enfrenta cuestionamientos.
También figura el general Luis Mauricio Ospina, excomandante del Ejército, comisionado en España, señalado por controversias relacionadas con el uso de inteligencia militar.
Otro caso crítico es el del general Emilio Cardozo, actualmente agregado en Estados Unidos, quien ha sido mencionado ante la Justicia Especial para la Paz por presuntos hechos relacionados con violaciones de derechos humanos.
La lista sigue con el general Federico Mejía, investigado por la Fiscalía General de la Nación por presuntos vínculos con grupos armados y manejo irregular de recursos; y el general Carlos Triana, exdirector de la Policía, hoy agregado en Bélgica, cuya salida del cargo no implicó su retiro institucional.
A ellos se suman otros oficiales como Luis Fernando Salgado, José Ricardo Hernández y Ricardo Roque, también señalados por presuntas irregularidades y aún en condición de activos mientras avanzan sus procesos.
Desde las Fuerzas Militares se argumenta que todo se ajusta al marco legal vigente que dice que mientras no exista una decisión judicial en firme, los oficiales conservan su estatus y beneficios. Además, los procesos administrativos de retiro pueden tardar meses o incluso años.
Las investigaciones siguen su curso en instancias como la JEP y la Fiscalía, y su desenlace podría redefinir las reglas del juego para la cúpula militar.
