La violencia volvió a golpear con crudeza y la justicia quedó en el centro de la polémica. En menos de 48 horas, los casos de intolerancia siguen terminando con víctimas gravemente heridas y los presuntos agresores nuevamente en libertad, desatando un fuerte reclamo ciudadano por la respuesta institucional.
Una escena que parecía rutinaria terminó en horror en la localidad de Suba, al norte de Bogotá. Una familia procedente de Funza cargaba combustible cuando un hombre, que según testigos merodeaba el lugar con actitud extraña, se abalanzó sobre el vehículo y atacó a una niña de 11 años.
Ángela Sánchez, madre de la menor, relató a un medio nacional que el agresor “le pegó un mordisco en el bracito izquierdo y le propinó una puñalada en el ojo izquierdo”.
El hombre se subió al coche sin mediar palabra. Tras un forcejeo, la familia logró refugiar a la menor en una oficina de la estación de servicio mientras llegaban seis uniformados. “Tenía que haber venido intoxicado o algo”, afirmó la madre.
La niña fue trasladada de urgencia a un hospital, donde fue sometida a cirugía para reconstruir el músculo ocular afectado. También recibió atención por lesiones en el hombro y una afectación auditiva.
Sin embargo, pese a la captura en flagrancia, el atacante fue dejado en libertad. La decisión provocó la indignación de la familia. “¿Tenía que haber muerto mi hija para que lo dejaran encerrado?”, cuestionó la madre.
El episodio ha reavivado el debate sobre la eficacia de las medidas de protección a víctimas y la aplicación de medidas de aseguramiento en casos de violencia.
