Un explosivo giro sacude a la Policía Nacional de Colombia. El grupo de inteligencia que lideró la captura de Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo” y señalado como el “zar del contrabando”, denunció ante la Fiscalía General de la Nación una cadena de amenazas y un presunto plan para asesinarlos.
La denuncia, revelada por la revista Cambio, apunta a represalias vinculadas con la estructura criminal La Inmaculada, liderada por La Inmaculada y encabezada por Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”.
Según los documentos en poder de la Fiscalía, las intimidaciones comenzaron el 27 de marzo de 2024. Ese día, el mayor Kevin Castaño, jefe del grupo anticorrupción, recibió un mensaje directo: sabían quién era y debía abandonar la investigación contra Marín.
Desde entonces, cada avance procesal habría sido acompañado de amenazas crecientes contra Castaño y otros oficiales del equipo, entre ellos la coronel Julie Katherine Ruiz, el teniente coronel Sergio Peñaranda y la mayor Lorena Fonseca.
La denuncia formal fue presentada el 15 de noviembre de 2025, pero los investigadores aseguran que la presión se intensificó meses antes.
De acuerdo con fuentes citadas en la denuncia, en octubre de 2024 se conoció que Diego Marín habría contactado a integrantes de La Inmaculada para ordenar el asesinato de los uniformados. La cifra que se menciona es estremecedora: 1.000 millones de pesos.
La presunta intermediación se habría hecho a través de un abogado con nexos con ambas organizaciones. Para los investigadores, la gravedad del hecho no solo radica en la amenaza, sino en la capacidad operativa que tendría la red criminal para ejecutarla.
El 15 de noviembre de 2025, dos días después de la audiencia de acusación contra Marín, el grupo recibió un mensaje por WhatsApp que hablaba abiertamente de “venganza”, advertía sobre represalias contra los oficiales y sus familias, y aseguraba contar con nuevos aliados dentro de la institución.
El texto intimidatorio advertía que las hostilidades no cesarían y que buscarían “joderlos y tirar sus carreras”. Para el equipo investigador, la coincidencia temporal con la audiencia judicial evidenció un escalamiento directo tras el avance del proceso penal.
Las reacciones institucionales abrieron un nuevo capítulo de controversia. El director de la Policía, William Rincón, dispuso el traslado de los investigadores a departamentos como Cauca y Arauca, pese a que la propia institución había determinado un nivel de riesgo “extraordinario”.
Paralelamente, la coronel Ruiz perdió su comisión en el Colegio Interamericano de Defensa en Estados Unidos y en 2025 se oficializó su retiro. Además, la calificación de riesgo de los oficiales fue reducida a “ordinario”, lo que permitió justificar los traslados y la disminución de esquemas de protección.
Para algunos sectores, la medida equivale a exponer a quienes golpearon una de las estructuras de contrabando más poderosas del país. Para otros, responde a ajustes administrativos internos.
Mientras la Fiscalía avanza en la verificación de las amenazas y el posible complot, el expediente de “Papá Pitufo” no solo destapó un entramado de contrabando, sino también una guerra silenciosa contra quienes intentaron desmantelarlo.
