Una explosiva denuncia sacude al sistema de salud colombiano y pone en el centro del debate al Ministerio de Salud. Paula Bolívar, directora del medio digital Bravo News, reveló en redes sociales presuntas inconsistencias en el registro de fallecimientos de pacientes con enfermedades huérfanas afiliados a la Nueva EPS durante 2025.
La acusación apunta directamente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y cuestiona la transparencia de los datos oficiales.
Según la denuncia, inicialmente se habrían contabilizado 536 fallecimientos de personas con enfermedades huérfanas vinculadas a la Nueva EPS en lo corrido de 2025. Sin embargo, al consultar el Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO), actualmente solo figuran 60 casos registrados bajo esa categoría para el mismo periodo.
La diferencia —476 casos menos— ha generado serios cuestionamientos sobre el paradero de los registros restantes.
De acuerdo con la información divulgada, los demás casos no desaparecieron del sistema, pero habrían sido reclasificados en una nueva categoría denominada “No definido”, donde aparecen 2.008 fallecimientos sin especificar si corresponden o no a afiliados de la Nueva EPS o a pacientes con enfermedades huérfanas.
La polémica cobra mayor sensibilidad tras la muerte del menor Kevin Acosta, paciente con hemofilia cuyo fallecimiento desató indignación nacional por presuntas fallas en el acceso oportuno a medicamentos.
Para diversos sectores, el caso evidenció las debilidades estructurales del sistema. Ahora, la aparente inconsistencia en los registros oficiales alimenta sospechas sobre la forma en que se están reportando y clasificando las muertes.
Expertos en salud pública advierten que los cambios metodológicos en bases de datos pueden obedecer a ajustes técnicos, depuración de información o procesos de validación. Sin embargo, subrayan que cualquier modificación debe ser clara, trazable y explicada públicamente para evitar interpretaciones de manipulación.
La ausencia de una explicación oficial ha intensificado las críticas. Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha emitido un pronunciamiento detallado que aclare la diferencia entre las cifras inicialmente reportadas y las actualmente visibles en SISPRO.
Mientras no haya una respuesta institucional clara, la desconfianza crece. En un sistema ya golpeado por reformas, intervenciones y crisis financieras, la opacidad en los datos —si se confirma— podría profundizar la fractura entre autoridades sanitarias, pacientes y ciudadanía.
Por ahora, lo único cierto es que la cifra cambió. Y en temas de salud pública, cada número representa una vida.
