En medio de uno de los escándalos políticos y judiciales más delicados del Gobierno de Gustavo Petro, la junta directiva de Ecopetrol salió nuevamente en defensa de su presidente, Ricardo Roa Barragán, luego de que un juez de Bogotá avalara este lunes 11 de mayo de 2026 la imputación formal de cargos en su contra por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022.
La estatal petrolera respaldó públicamente a Roa y aseguró que el proceso penal no constituye una condena ni desvirtúa su presunción de inocencia, pese a la gravedad de los señalamientos formulados por la Fiscalía General de la Nación.
“En la legislación colombiana, la imputación es un acto de comunicación que tiene el efecto de vincular formalmente al proceso penal al señor Ricardo Roa”, explicó Ecopetrol en un comunicado oficial divulgado tras la audiencia judicial.
La empresa enfatizó que la diligencia adelantada ante el Juzgado 35 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá no representa una decisión definitiva sobre la responsabilidad penal del directivo.
“La referida diligencia no equivale a una condena o una decisión de fondo y no desvirtúa la presunción de inocencia que le asiste al señor Ricardo Roa, quien no aceptó los cargos presentados por la Fiscalía”, agregó la compañía.
La imputación contra Roa está relacionada con la presunta violación de topes electorales durante la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro al poder en 2022.
Según la investigación liderada por la Fiscalía, la campaña habría superado los límites legales de financiación en aproximadamente $1.664 millones entre la primera y la segunda vuelta presidencial.
El fiscal Elkin Ardila Espinosa sostuvo durante la audiencia que existen facturas y registros contables directamente vinculados a Ricardo Roa, además de presuntas inconsistencias en los reportes entregados al Consejo Nacional Electoral.
De acuerdo con la acusación, los recursos cuestionados habrían sido utilizados en gastos relacionados con viajes, logística, hospedajes, asesorías, desayunos y otros eventos de campaña que no habrían sido reportados adecuadamente.
La Fiscalía aseguró que para la primera vuelta presidencial el presunto exceso habría sido de $1.388 millones, mientras que en la segunda vuelta ascendería a otros $276 millones, consolidando un gasto total cercano a los $30.200 millones, cifra superior a los topes autorizados por la ley.
Uno de los hechos más delicados expuestos durante la audiencia corresponde a un pago en efectivo por $27 millones realizado durante un acto de campaña en abril de 2022, el cual, según el ente acusador, nunca fue reportado oficialmente en la plataforma Cuentas Claras ni ante el Consejo Nacional Electoral.
La Fiscalía también afirmó que existieron omisiones relacionadas con millonarias donaciones que presuntamente no fueron declaradas.
Durante la diligencia judicial, el fiscal insistió en que Roa Barragán tenía la responsabilidad directa de administrar y reportar todos los ingresos y egresos de la campaña presidencial, independientemente de que otras personas participaran en la logística o coordinación operativa.
Incluso, mencionó que una de las facturas investigadas habría sido enviada a Laura Sarabia, quien para ese momento coordinaba aspectos logísticos de la campaña presidencial.
Pese a las investigaciones penales —incluyendo el polémico expediente conocido como “Penthouse 901”—, Ricardo Roa continúa al frente de Ecopetrol, aunque actualmente se encuentra en vacaciones y bajo licencia no remunerada.
La defensa del presidente de Ecopetrol rechazó los cargos y cuestionó la solidez de las cifras presentadas por la Fiscalía, mientras el juez reconoció que aún existen aspectos probatorios que deberán ser esclarecidos en próximas audiencias.
El caso marca uno de los precedentes judiciales más sensibles en materia de financiación de campañas políticas en Colombia y podría tener profundas repercusiones sobre el Gobierno Nacional y el futuro político de varios de sus principales funcionarios.
