La plaza pública de Popayán se convirtió en el epicentro de una apuesta política que promete sacudir el tablero nacional, ya que comenzó oficialmente la recolección de firmas para promover una Asamblea Nacional Constituyente, iniciativa ciudadana respaldada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El comité promotor, inscrito ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el pasado 31 de enero, tiene plazo hasta el 30 de abril para reunir al menos 2.050.000 firmas, equivalentes al 5% del censo electoral, requisito indispensable para que la propuesta pueda avanzar formalmente.
El objetivo declarado de la iniciativa es abrir la puerta a transformaciones estructurales como la reforma pensional, la garantía de un salario vital y la superación de lo que sus promotores consideran “bloqueos institucionales” provenientes de la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado frente a las reformas del Ejecutivo.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se sumó públicamente al impulso de la campaña y defendió la movilización ciudadana como respuesta a lo que denominó un “bloqueo institucional”.
“Ante el bloqueo institucional, #ConstituyenteYa. En Popayán arranca la firmatón nacional por la Asamblea Nacional Constituyente: por la Reforma Pensional, el salario vital y contra los frenos de la Corte, el CNE y el Consejo de Estado. ¡El pueblo habla, el pueblo manda!”, escribió en su cuenta de X.
La iniciativa no estuvo exenta de controversia. Una demanda buscaba declarar la nulidad del proceso de inscripción del comité promotor. Sin embargo, la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó por improcedente la acción contra la Resolución 1117 del 30 de enero de 2026.
En auto del 9 de febrero, el alto tribunal dejó claro que la inscripción del comité es un acto de mero trámite que no implica aval constitucional ni legal sobre el fondo de la propuesta.
“La inscripción del comité promotor no frena el proceso, sino que apenas lo inicia”, precisó la corporación, al subrayar que solo los actos que cierren definitivamente un procedimiento pueden ser objeto de control judicial.
El demandante, Josías Fiesco Agudelo, hoy candidato a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, sostenía que la convocatoria a una Constituyente debía tramitarse exclusivamente por el Congreso. El tribunal, no obstante, aclaró que la Registraduría solo verificó requisitos formales conforme a la Ley 1757 de 2015.
Con el respaldo oficial y el aval administrativo para avanzar, el comité liderado por Armando Custodio Wouriyú entra ahora en la etapa crucial, convencer a más de dos millones de ciudadanos en apenas tres meses.
Si se alcanzan las firmas exigidas, la propuesta pasará a ser debatida como proyecto de ley en el Congreso. Si no, será archivada.
La convocatoria ha generado fuertes críticas desde distintos sectores políticos y sociales que defienden la vigencia de la Constitución de 1991 y advierten que la iniciativa podría convertirse en una herramienta de presión política en año preelectoral.
El debate apenas comienza. Entre quienes ven en la Constituyente una vía para destrabar reformas sociales y quienes la consideran un riesgo institucional, Colombia entra en un nuevo capítulo de confrontación política donde la última palabra —al menos por ahora— la tendrán las firmas ciudadanas.
