En medio de la tormenta política y económica que rodea al país, la recién posesionada presidenta de la Corte Constitucional para 2026, Paola Andrea Meneses, rompió el silencio y defendió el papel del alto tribunal frente a tres decisiones de alto impacto: la suspensión del decreto de emergencia económica de 2025, el trámite del nuevo estado de excepción por la crisis climática y el avance —aún en pausa— de la reforma pensional.
En entrevista con un medio nacional, la magistrada envió un mensaje directo en medio de las críticas: “La independencia del juez es una de sus características principales y es lo que nos permite fallar en derecho, con autonomía y libres de cualquier tipo de presión”.
El Decreto 1390, firmado el 22 de diciembre de 2025 para enfrentar la crisis fiscal, fue suspendido provisionalmente el 29 de enero en una decisión inédita dentro del control automático de constitucionalidad de estados de excepción.
Meneses explicó que la herramienta de suspensión cautelar no surgió de improviso. Según detalló, desde 2023 la Sala Plena había creado, mediante auto, esta figura excepcional para fortalecer el control constitucional, con fundamento en el artículo 4 de la Carta Política.
“La Corte venía estudiando esta posibilidad desde hace unos tres años (…) Es una herramienta construida para proteger la Constitución como norma de normas”, afirmó.
No obstante, subrayó el carácter temporal de la decisión: “Esto es simplemente una suspensión de carácter provisional. La Corte está llamada a fallar de fondo”.
En cuanto al Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, expedido para atender la emergencia económica, social y ecológica derivada de las intensas lluvias que han dejado miles de damnificados, la presidenta confirmó que el expediente fue asignado al magistrado Miguel Polo Rosero.
Explicó que, por tratarse de estados de excepción, los términos de decisión son más breves que en otros procesos. “La Corte está llamada a fallar en términos más prontos, más céleres”, aseguró.
Frente a los cuestionamientos por la duración de decisiones en temas de alto impacto, la magistrada defendió la autonomía judicial: “Nosotros asumimos el compromiso de fallar únicamente con un faro que es la Constitución Política”.
El capítulo más sensible es el de la reforma pensional, cuya aplicación permanece suspendida hasta que exista un fallo definitivo de constitucionalidad. Meneses explicó que el avance del proceso ha estado condicionado por actuaciones procesales previas como impedimentos y recusaciones.
Para resolver el debate, la Sala Plena sorteó como conjuez a Carlos Pablo Márquez, dada la complejidad del caso. Sin embargo, incluso sobre él cursa una recusación que debe resolverse antes de entrar al análisis de fondo.
“Tenemos que revisar primero estas cuestiones procesales previas (…) Una vez se resuelvan, ya tendremos el camino para continuar el debate”, indicó.
También se refirió, sin anticipar decisión alguna, al impedimento presentado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien presidía la Corte antes de su elección y es el actual ponente del expediente. De prosperar la causal o una recusación en su contra, el caso podría ser reasignado conforme al reglamento interno.
Mientras no haya sentencia de fondo, el sistema pensional vigente continuará sin modificaciones. La Corte analiza tanto el trámite legislativo como el contenido material de la reforma, en un proceso con efectos directos sobre las expectativas de jubilación de millones de colombianos, los fondos privados, el Banco de la República y la estabilidad macroeconómica.
En un contexto donde el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha cuestionado decisiones judiciales que frenan sus reformas, la presidenta del alto tribunal dejó claro que el pulso institucional no definirá el rumbo de las sentencias.
“La legitimidad de nuestras decisiones está en el apego a la Constitución”, afirmó.
