La defensa de Nicolás Petro Burgos, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, radicó una comunicación formal ante la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y la directora Especializada contra el Lavado de Activos, Sandra Liliana Mesa Agudelo, en la que solicita abrir una investigación contra la fiscal Lucy Marcela Laborde por presuntas irregularidades en el proceso judicial que enfrenta el hijo del presidente Gustavo Petro.
En el documento de 15 páginas, la defensa señala posibles conductas constitutivas de prevaricato por acción y omisión, revelación de secreto, fraude procesal y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Según Carranza, las actuaciones de la funcionaria habrían afectado de manera directa el proceso contra su defendido.
Uno de los puntos centrales de la denuncia hace referencia a la supuesta filtración de información reservada a la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, lo que habría ejercido presión mediática sobre el caso.
“La denuncia es muy clara y es práctica porque la Fiscalía General de la Nación tiene un deber. Todas las investigaciones e indagaciones preliminares son reservadas. (…) La única persona que pudo haber filtrado eso es la señora Lucy Laborde”, señaló Carranza en declaraciones a ASB Noticias.
De acuerdo con el abogado, el 6 de septiembre Dávila publicó en la red social X detalles sobre una supuesta medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, así como documentos que no habían sido entregados oficialmente a las partes procesales, lo que constituiría una violación a la reserva procesal contemplada en la legislación penal.
Carranza sostiene que la filtración se habría producido luego de que la fiscal Laborde no lograra sustentar ante un juez la validez de ciertas pruebas, derivando en lo que calificó como una “estrategia para interferir en la jurisdicción judicial de Barranquilla”.
En su carta, el defensor incluyó una solicitud para que se adelante una investigación formal de carácter penal y disciplinario contra la fiscal Laborde, advirtiendo que la autonomía funcional de los fiscales no puede convertirse en un argumento para “violar la ley”.
“La autonomía de la fiscal Laborde no es una licencia para violar la ley, señora fiscal General”, expresó Carranza en la misiva, recordando que la Corte Constitucional ha establecido que la independencia de los fiscales se ejerce dentro de los límites de la Constitución y la ley.
El abogado también afirmó que existen copias disciplinarias enviadas por la Procuraduría General de la Nación a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sobre la labor de Laborde, relacionadas con presuntas omisiones y filtraciones en el caso que involucra a Nicolás Petro y a su expareja, Laura Ojeda.
De manera paralela, Carranza informó que la defensa presentó una petición ante la Fiscal Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que el presidente Gustavo Petro sea reconocido como “víctima especial con enfoque diferencial” en el proceso contra el fiscal Mario Burgos, investigado por presunto prevaricato.
Hasta el momento, la defensa no ha recibido respuesta de la fiscal General sobre la apertura de la investigación solicitada. Sin embargo, insistió en que las filtraciones de información constituyen una forma de revictimización para Laura Ojeda y su hijo menor, señalando que este tipo de situaciones han sido reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en precedentes similares.
Carranza concluyó reiterando su exigencia de transparencia:
“La justicia exige transparencia, imparcialidad y respeto a las víctimas; por ello, señora fiscal General, se impone que se investigue disciplinariamente a la fiscal Laborde”, afirmó.
