En la tarde del miércoles 24 de septiembre, las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso votaron en contra de la ponencia mayoritaria que respaldaba la cifra presentada por el Gobierno nacional para el Presupuesto General de la Nación 2026, estimado en $556,9 billones.
La decisión abrió paso al estudio y votación de las dos ponencias alternativas: una presentada por el partido Alianza Verde, que propone un presupuesto de $546,9 billones, y otra del Centro Democrático (CD), que plantea reducirlo a $530 billones.
Durante la sesión, en la que participó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se discutieron los argumentos que sustentan cada iniciativa. Mientras el Gobierno defiende su propuesta como una herramienta para impulsar programas sociales y de inversión, sus opositores señalan que la cifra está desfinanciada y depende de una reforma tributaria aún no aprobada, con la que el Ejecutivo espera recaudar $26,3 billones.
El Centro Democrático ha advertido que el presupuesto estaría “sobreestimado en $78,1 billones”, lo que podría generar un déficit fiscal insostenible. Por su parte, la Alianza Verde propone una reducción de $10 billones con redistribución de recursos hacia sectores estratégicos como deporte, agricultura, comercio y tecnologías de la información.
La propuesta de los verdes también contempla la eliminación del impuesto a la gasolina y la revisión del gravamen a las bebidas alcohólicas como parte de la financiación. Entre los incrementos planteados se destacan:
- $100.000 millones para el Ministerio de Comercio.
- $200.000 millones para el Ministerio del Deporte.
- $200.000 millones para el Ministerio de Tecnologías de la Información.
- $50.000 millones para el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Estos ajustes implicarían recortes a entidades como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Defensa, Hacienda, Interior, la Rama Judicial y el sector Salud.
Expertos en hacienda pública han expresado preocupaciones frente al monto defendido por el Ejecutivo. Henry Amorocho, profesor de la Universidad del Rosario, advirtió que la propuesta “reconoce un déficit fiscal del 7,1% del PIB, cercano a $128 billones, lo cual representa un grado de irracionalidad financiera muy alto”.
El académico señaló además que la reforma tributaria aún no inicia su trámite y podría tardar hasta noviembre en ser discutida, lo que hace más viable aprobar un presupuesto ajustado a las rentas actuales.
“Hasta este momento no se ha conocido ninguna propuesta del Gobierno que realmente ajuste, en términos reales, qué es lo que se va a suprimir de ese proyecto de ley de financiamiento presentado para que queden $16 billones y no $26 billones, como inicialmente se propuso”, agregó Amorocho.
Si ninguna de las ponencias obtiene aprobación, el presupuesto podría ser expedido por decreto presidencial, como ocurrió el año anterior. De ser así, el país enfrentaría un panorama incierto: recurrir a mayor endeudamiento externo, que ya se proyecta en el 65% del PIB.
