La Fiscalía General de la Nación reveló este miércoles que entre marzo de 2024 y abril de 2025 un grupo conformado por el mayor del Ejército Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y la civil Luisa Fernanda Salgado Fernández habría vulnerado protocolos de seguridad nacional, facilitando el acceso a información reservada y la infiltración de operaciones contra organizaciones criminales.
Las capturas de los tres presuntos implicados se realizaron en una serie de operativos conjuntos adelantados por el Ejército Nacional y la Policía Nacional en la localidad de Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar N.º 3, todos en Bogotá.
Posteriormente, los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien escuchó la imputación de los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.
De acuerdo con la investigación, el mayor Jiménez —comandante de la unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5)— habría autorizado el ingreso de Salgado Fernández a instalaciones militares, permitiéndole participar en reuniones interinstitucionales y operaciones tácticas.
La mujer se hacía pasar por capitán y logró acceder a información clasificada de carácter reservado, secreto y ultrasecreto, relacionada con esquemas de seguridad de altos funcionarios del Estado y procedimientos judiciales contra organizaciones criminales como el Tren de Aragua.
“Se logró determinar la responsabilidad de un mayor del Ejército Nacional y un sargento de la misma entidad que, con una particular, ingresaban a las instalaciones del Ejército Nacional, particularmente en el Bafur 5, que tiene a su cargo el tercer anillo de seguridad de la Presidencia y Vicepresidencia”, declaró Nelson Andrés Escobar López, director especializado contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía.
El funcionario añadió que la mujer ingresó en al menos 36 ocasiones a instalaciones militares, participando en reuniones de carácter confidencial de inteligencia y accediendo a información estratégica que impactaba directamente las operaciones contra el Tren de Aragua.
Las pruebas también comprometen al sargento segundo Cristian Padilla Villanueva, quien habría facilitado el acceso irregular de la mujer a las instalaciones militares, además de entregarle datos logísticos sobre movimientos de tropa, uso de equipos de comunicaciones y drones en operaciones.
Gracias a esa filtración, documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia terminaron en poder de una persona externa a la institución. Según la Fiscalía, en varios casos dicha información fue utilizada para inducir a error a fiscales y jueces, quienes avalaron diligencias creyendo que se sustentaban en fuentes legítimas.
La investigación continúa para determinar si hubo otros oficiales comprometidos en esta red y establecer el alcance de los daños ocasionados a la seguridad nacional.
