El pulso por el salario mínimo en Colombia entró en una nueva fase. El pasado 13 de febrero de 2026, el Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que fijaba un aumento del 23,7% para 2026, desatando un remezón político y económico en el país.
Horas después del fallo, el presidente Gustavo Petro anunció que expedirá en los próximos días un decreto transitorio para acatar la decisión judicial mientras se define el alcance jurídico de la providencia. El mandatario explicó que esperará aclaraciones del magistrado Juan Carlos Morales, especialmente frente a la ausencia de la expresión “de carácter prevalente” en el fallo.
Pero el jefe de Estado fue más allá y puso sobre la mesa una propuesta que promete abrir un debate de fondo: el salario mínimo móvil.
¿Qué es el salario mínimo móvil?
La iniciativa busca romper con el esquema tradicional de ajuste anual y convertir el salario mínimo en una cifra dinámica, capaz de modificarse cada vez que cambien variables como la inflación, el costo de vida o el valor de la canasta familiar.
Según explicó el presidente, la actualización se haría con base en indicadores técnicos del DANE, de tal manera que el ingreso no pierda poder adquisitivo frente al alza de precios. La meta, afirmó, es que el salario cubra de manera real y efectiva las necesidades básicas de los hogares colombianos.
La propuesta también toma como referencia los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre salario vital y familiar, con el objetivo de garantizar condiciones de vida dignas y reducir las brechas de desigualdad.
En su más reciente alocución, Petro aseguró que el decreto transitorio mantendría inicialmente el salario vital fijado para 2026 en dos millones de pesos mensuales. Sin embargo, advirtió que nuevos estudios técnicos podrían llevar esa cifra a 2.155.000 pesos mensuales para cerrar la brecha del poder adquisitivo.
“Si queremos cerrar la brecha ahora, el salario mínimo vital debería ser de 2.155.000 pesos mensuales”, escribió el mandatario en sus redes sociales antes de su intervención oficial.
El mecanismo propuesto contempla dos ejes centrales:
- La posibilidad de revisar el salario por decreto cuando cambien las condiciones macroeconómicas.
- Un ajuste automático si el costo de la canasta familiar aumenta, evitando que el ingreso real de los trabajadores se deteriore.
El futuro del salario mínimo móvil será analizado en la Comisión de Concertación, convocada por el Gobierno con la participación del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, centrales obreras y gremios empresariales. El encuentro se realizará este lunes 16 de febrero de 2026 y buscará evaluar la viabilidad jurídica y económica de la propuesta.
En paralelo, el presidente convocó a una movilización nacional el jueves 19 de febrero en defensa del salario mínimo móvil, elevando el tono político del debate.
El Gobierno sostiene que el modelo flexible evitaría que el salario quede rezagado frente a la inflación, fenómeno que —según el enfoque oficial— se evidenció en los últimos años cuando los incrementos anuales no compensaron plenamente el alza sostenida de bienes y servicios.
La discusión no es menor, pues implicaría transformar la función social del salario mínimo, pasando de ser un dato nominal fijo durante doce meses a convertirse en un instrumento de protección económica con ajustes periódicos.
Entre el freno judicial y la apuesta por una reforma estructural, el país entra en una semana decisiva. El salario mínimo ya no es solo una cifra, es el centro de un debate que mezcla economía, justicia social y poder político.
