El pulso entre el Gobierno y la justicia escaló del terreno jurídico al político. El presidente Gustavo Petro convocó a una jornada nacional de manifestaciones el próximo jueves 19 de febrero, en defensa del decreto que fijaba un aumento del 23 % al salario mínimo y que fue suspendido de manera provisional por el Consejo de Estado.
El anuncio lo hizo el propio mandatario a través de su cuenta en la red social X, donde llamó a los ciudadanos a concentrarse en todas las plazas públicas del país a partir de las 4:00 de la tarde.
“Hoy a las 7:00 p. m. hablo por la televisión sobre el salario vital. El jueves 19 de febrero a las 4:00 p. m. nos vemos en todas las plazas públicas de Colombia”, escribió el jefe de Estado.
La convocatoria marca un giro en la estrategia del Ejecutivo: mientras el alto tribunal estudia la legalidad del decreto, el Gobierno busca respaldo popular para blindar lo que denomina el salario mínimo “vital”.
Petro insistió en que el incremento no fue una decisión improvisada y sostuvo que el Ejecutivo defenderá la medida tanto en los escenarios judiciales como en las calles. Para el mandatario, garantizar un salario digno es un derecho fundamental y una herramienta clave para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
La decisión, sin embargo, ha generado debate. Sectores críticos advierten que la convocatoria podría interpretarse como presión política en medio de un proceso judicial en curso, mientras simpatizantes del Gobierno la ven como un ejercicio legítimo de movilización social.
En paralelo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, liderará una reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales con representantes empresariales para analizar las razones de fondo del decreto transitorio y explorar salidas frente a la suspensión.
El Gobierno espera que este espacio fortalezca el diálogo social y permita avanzar en una solución concertada mientras el Consejo de Estado define el futuro del aumento.
Lo cierto es que el salario mínimo dejó de ser solo un asunto técnico y se convirtió en bandera de confrontación nacional. Y ahora, la disputa no solo se libra en los tribunales, sino también en las plazas públicas.
