El mandatario electo afirmó que los recursos que se dejen de gastar en funcionamiento serán destinados a programas sociales y defendió la reforma como una estrategia para acabar con la burocracia, la duplicidad de funciones y el uso político de los cargos públicos.
De la Espriella explicó que uno de sus principales objetivos será convertir la Casa de Nariño en un centro de coordinación ejecutiva, con una estructura administrativa reducida y enfocada en resultados.
“Voy a transformar la estructura de la Presidencia en un centro de coordinación ejecutiva, con una planta de personal sin corbatas y sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas. Ahora será una estructura austera, eficiente y orientada a los resultados”, afirmó.
Dentro de los primeros cambios confirmó la eliminación de la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cuyas funciones serán asumidas por los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.
El presidente electo anticipó que la reestructuración no se limitará a la Presidencia y anunció que en una segunda fase desaparecerán varias agencias del Estado, aunque aclaró que el estudio técnico aún está en desarrollo.
Entre las entidades que mencionó como posibles candidatas para ser suprimidas se encuentran la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.
No obstante, sí confirmó que la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, creada mediante el Decreto 2647 de 2022 y actualmente dirigida por Gloria Cuartas, será eliminada una vez asuma la Presidencia.
Uno de los anuncios que más impacto generó fue la transformación de la figura del Alto Comisionado para la Paz.
De la Espriella indicó que esa dependencia dejará de existir bajo su actual denominación y será reemplazada por un Comisionado de Seguridad, con funciones orientadas a fortalecer la política de seguridad y combatir las estructuras criminales.
El mandatario electo justificó la decisión asegurando que su administración pondrá fin a lo que calificó como una política de “falsa paz”.
“Se acaba el comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento”, sostuvo.
Asimismo, afirmó que ya impartió instrucciones al futuro comisionado de Seguridad y a los ministros designados de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y de Justicia, Iván Cancino, para desmontar los mecanismos que, según dijo, han favorecido beneficios judiciales sin resultados efectivos en materia de desmovilización.
Durante su intervención, el presidente electo también lanzó fuertes cuestionamientos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que ese tribunal autorizara el viaje a España del excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño, pocos días después de ratificar la sentencia que lo declaró máximo responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
De igual forma, criticó el reintegro de Pilar Rueda al tribunal, haciendo referencia a su vínculo familiar con el excandidato presidencial Iván Cepeda, decisión que cuestionó en términos políticos.
Con este anuncio, Abelardo de la Espriella presentó una de las reformas administrativas más ambiciosas de su gobierno antes incluso de asumir el poder. La propuesta busca reducir el tamaño del aparato presidencial, disminuir el gasto público y redistribuir recursos hacia programas sociales.
Sin embargo, la eliminación de consejerías, agencias y dependencias estratégicas, así como el cambio en la estructura de la política de paz, anticipan un amplio debate político y jurídico sobre el alcance de las reformas que comenzarán a implementarse a partir del 7 de agosto de 2026, cuando el nuevo mandatario tome posesión del cargo.
