La joven falleció por eutanasia el pasado 9 de julio de 2026 en Bogotá, luego de una batalla de diez meses para acceder a la Asistencia Médica al Suicidio (AMS), un procedimiento que fue despenalizado por la Corte Constitucional en 2022, pero que aún no cuenta con una reglamentación que permita su aplicación dentro del sistema de salud.
Su caso se convirtió en el primero en llegar a la Corte Constitucional con el propósito de exigir la implementación efectiva de esta modalidad de muerte digna. Sin embargo, la ausencia de normas operativas impidió que pudiera acceder al procedimiento que inicialmente solicitó, obligándola finalmente a optar por la eutanasia.
Catalina convivía con diagnósticos de trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado. Durante años enfrentó un sufrimiento persistente que, según su historia clínica, fue tratado sin éxito mediante más de 40 esquemas farmacológicos, nueve hospitalizaciones psiquiátricas y tres ciclos de terapia electroconvulsiva, sin lograr una mejoría significativa en su condición.
En declaraciones concedidas a un medio nacional pocas horas antes del procedimiento, aseguró haber encontrado una tranquilidad que no experimentaba desde hacía años.
“Me siento muy tranquila. Hace años no sentía esta tranquilidad. Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente en el tiempo, sino que puedes detenerlo y que es suficiente”, expresó.
La psicóloga había solicitado inicialmente la Asistencia Médica al Suicidio porque consideraba que ese mecanismo representaba de mejor manera el ejercicio de su autonomía sobre la propia vida.
No obstante, aunque la Corte Constitucional despenalizó esa práctica en mayo de 2022, el procedimiento continúa sin reglamentación, situación que impide a las entidades del sistema de salud aplicarlo.
Esa realidad quedó reflejada en una respuesta emitida por la EPS Sanitas, en la que señaló que no era posible realizar el procedimiento debido a la inexistencia de condiciones normativas y operativas que garantizaran su ejecución dentro del marco legal vigente.
Mientras avanzaba la acción judicial, el estado de salud mental de Catalina continuó deteriorándose. Ante la incertidumbre y la falta de una respuesta definitiva, decidió cambiar su solicitud y pedir nuevamente la eutanasia, una alternativa que inicialmente había descartado porque consideraba que hacerlo significaba renunciar a la lucha por el reconocimiento de la Asistencia Médica al Suicidio.
Antes de morir, envió además un mensaje dirigido a los magistrados de la Corte Constitucional, pidiendo que su caso no perdiera vigencia tras su fallecimiento y que el alto tribunal emitiera un pronunciamiento de fondo que permitiera reglamentar la Asistencia Médica al Suicidio para otros pacientes.
“Esta lucha no termina conmigo. Yo voy a fallecer, pero este proceso no puede morir. Hay personas que necesitan este derecho de manera urgente y que sufren todos los días”, afirmó.
Catalina también planteó el debate como un asunto de salud pública.
“La gente se suicida y se va a seguir suicidando. Negar esa realidad es desconocer lo que ocurre. No se trata de romantizar la muerte, sino de acompañarla y respetar el proceso de cada persona.”
El Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab), organización que acompañó el proceso, sostiene que el Estado colombiano incumplió su obligación de hacer efectivo un derecho reconocido por la Corte Constitucional y que esa omisión obligó a Catalina a recurrir a la eutanasia cuando su voluntad era acceder a la Asistencia Médica al Suicidio.
La organización anunció que el proceso judicial continuará ante la Corte Constitucional con el propósito de obtener una reglamentación que permita ejercer ese derecho de manera efectiva para quienes enfrenten circunstancias similares.
En uno de sus últimos mensajes públicos, Catalina resumió el propósito de su lucha con una frase que hoy cobra especial significado.
“Espero que me recuerden como una persona que inició este camino, pero que deja la puerta abierta. Mi legado es permitirnos entender la muerte desde un lugar diferente. Sé que esta semillita se está sembrando.”
Catalina Giraldo Silva murió acompañada por su madre, Ángela Silva, y su hermana, Paola, quienes permanecieron a su lado durante todo el procedimiento. En la habitación también estaba su perro, Lulo, mientras sonaba la canción Long and Lost, de Florence and the Machine. Vestía una blusa rosada con una frase en francés que resumía su despedida: “C’est la vie” (“Es la vida”).
Su historia trasciende el ámbito personal y jurídico. Hoy se convierte en uno de los casos más relevantes en el debate sobre la autonomía, la salud mental y el derecho a morir dignamente en Colombia, un tema que la Corte Constitucional aún tiene pendiente de resolver de manera definitiva.
