El Gobierno de Gustavo Petro Urrego facilitó el regreso al país de 101 ciudadanos colombianos el pasado 5 de febrero, en un vuelo humanitario procedente de Estados Unidos y coordinado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana. La operación fue presentada por la Casa de Nariño como una muestra de “retorno seguro y digno”, en medio de una coyuntura migratoria cada vez más tensa y con cifras históricas de deportaciones.
“Garantizamos un retorno seguro y digno, con acceso a la oferta institucional”, aseguró un portavoz gubernamental al recibir a los repatriados. Según la información oficial, el grupo estuvo conformado por 28 mujeres, 72 hombres y un menor de edad, acompañados durante todo el proceso por funcionarios de la Cancillería, Migración Colombia y otras entidades del Ejecutivo.
Desde el Gobierno se insistió en que la prioridad fue la protección de derechos y la atención humanitaria. “Reafirmamos el compromiso con la protección de derechos, la atención humanitaria y la reintegración social”, indicó uno de los funcionarios, en un mensaje que busca marcar distancia frente al trato que, según organizaciones sociales, reciben los migrantes en los procesos de expulsión en territorio estadounidense.
La reanudación de estos vuelos había sido anunciada el 29 de enero de 2026 y fue presentada como un “nuevo capítulo” en la gestión migratoria entre Bogotá y Washington. La Cancillería confirmó el despliegue de operativos conjuntos con la Fuerza Aeroespacial Colombiana para asegurar condiciones de respeto y dignidad en el retorno de los connacionales deportados.
Sin embargo, el anuncio ocurre en un contexto incómodo para el discurso oficial. Las deportaciones de colombianos desde Estados Unidos alcanzaron en 2025 su nivel más alto en casi 30 años, tras el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas luego del regreso de Donald Trump a la presidencia. Solo en los primeros seis meses del año fueron expulsados 23.045 colombianos, superando ya el total de 21.056 deportaciones registradas en todo 2024, con un promedio de 140 personas diarias retornadas de manera forzada.
Junio marcó un récord histórico, 3.059 colombianos deportados en un solo mes. De mantenerse la tendencia, el incremento anual podría acercarse al 20%. En este panorama, Colombia se ubica como el quinto país con más nacionales deportados desde Estados Unidos, detrás de México, Honduras, Guatemala y Venezuela.
Incluso dentro de los vuelos organizados por la Cancillería se han registrado escenas que contradicen la narrativa triunfalista. El 29 de enero de 2025 arribó un vuelo con 105 ciudadanos, entre ellos 21 menores de edad, evidencia de que las expulsiones no solo afectan a individuos, sino a familias enteras.
Mientras el Gobierno Petro resalta la coordinación institucional y la iniciativa ConDignidadCumplimos como prueba de su compromiso con los colombianos en el exterior, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que los vuelos humanitarios, aunque necesarios, no logran ocultar la dimensión del problema, una ola de deportaciones sin precedentes que desnuda las tensiones de la relación bilateral y deja en entredicho si la respuesta estatal es una política estructural o apenas un gesto simbólico frente a una crisis migratoria desbordada.
