La violencia volvió a imponerse en las carreteras de Arauca. Dos escoltas del senador Jairo Alberto Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), fueron asesinados en la tarde del jueves 5 de febrero durante un ataque armado contra el esquema de seguridad del parlamentario, en la vía que comunica a Fortul con Tame, una de las rutas más golpeadas por la presencia de actores armados ilegales.
Según versiones preliminares, hacia las 2:00 p.m. una camioneta adscrita al esquema fue interceptada y atacada con ráfagas de armas cortas y largas a pocos kilómetros del casco urbano de Fortul, antes de llegar al estadero La Macarena. El vehículo terminó con los vidrios destruidos, las llantas perforadas y múltiples impactos de bala en la carrocería y la estructura, quedando atravesado a un costado de la carretera.
El esquema se desplazaba desde Norte de Santander hacia Yopal (Casanare), donde debía recoger al senador Castellanos para acompañarlo en una agenda política prevista en la región del Sarare Araucano. Durante el trayecto, los ocupantes fueron sorprendidos por los atacantes, causando la muerte inmediata del conductor y de uno de los escoltas en el lugar del atentado.
En medio de la confusión inicial, surgieron versiones sobre un segundo vehículo del esquema y la presunta desaparición de tres personas. No obstante, desde el sindicato de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se indicó que solo una camioneta fue atacada en este hecho.
El atentado desató una oleada de reacciones políticas y volvió a encender la polémica sobre la seguridad de los dirigentes que se movilizan por zonas de alto riesgo. La congresista de Cambio Radical Lina Garrido, oriunda de la región, difundió imágenes del estado en que quedó la camioneta y lanzó una dura crítica al Gobierno nacional. “Así quedó la camioneta del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos. Dos de sus escoltas fueron asesinados. A esto nos enfrentamos quienes hacemos campaña contra el gobierno de Gustavo Petro”, afirmó, cuestionando lo que calificó como un contraste entre el discurso oficial de paz y la “sangrienta realidad” que vive el país.
Desde otros sectores también se pronunciaron. El partido Alianza Verde rechazó el ataque y pidió resultados rápidos en las investigaciones. “Pedimos a las autoridades celeridad y protección para quienes recorren el territorio colombiano para reunirse con la comunidad”, señaló el movimiento en un comunicado.
Por su parte, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal responsabilizó directamente al Gobierno de Gustavo Petro por su política de acercamientos con grupos armados ilegales. “Esta es la paz que promueve Gustavo Petro”, expresó, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas del ataque ocurrido en Fortul.
El doble homicidio de los escoltas no solo deja dos familias en luto, sino que expone, una vez más, la fragilidad de la seguridad en regiones donde la violencia sigue marcando la agenda política. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los responsables, el atentado se convierte en un nuevo golpe a la confianza en las promesas de paz y en un recordatorio brutal de los riesgos que enfrentan quienes hacen política en amplias zonas del país.
