El presidente Gustavo Petro volvió a sacudir el tablero económico y productivo del país al ordenar la eliminación de los aranceles del 40% que actualmente se aplican a las telas y los cueros, una decisión que, según el mandatario, busca fortalecer las exportaciones, abaratar los costos de producción y reimpulsar la industria nacional del sistema moda.
“La confección colombiana es de alta calidad. Si reducimos sus cargas financieras, generaremos más riqueza, empleo y valor agregado”, escribió Petro en su cuenta de X, defendiendo la medida como una apuesta por la reindustrialización del país.
La instrucción fue dirigida a la ministra de Comercio, Diana Morales, quien confirmó que la decisión se enmarca en un paquete de tres decretos estratégicos para consolidar el sector manufacturero y mejorar la competitividad del sistema moda colombiano.
“El primero contempla 37 subpartidas de hilados sin producción nacional; el segundo abarca telas y cueros sin oferta interna, y el tercero incluye insumos con producción nacional insuficiente. Son medidas equilibradas que protegen la industria nacional y promueven el empleo”, explicó Morales.
La noticia fue recibida con entusiasmo por los confeccionistas del país. Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, calificó la decisión como “valiente, justa y necesaria”.
“El Gobierno debe decidir si apoya a las 142.000 micro, pequeñas y medianas empresas que representan el 99% del empleo del sistema moda, o si sigue protegiendo a dos grandes compañías que se oponen sistemáticamente al cambio”, afirmó el dirigente gremial.
Criado aseguró que mantener aranceles del 40% sobre insumos como los hilos y las telas solo perpetúa el rezago competitivo, en un momento en que plataformas como Temu, Shein y AliExpress inundan el mercado con productos sin pagar impuestos ni generar empleo local.
Pero no todos celebran. Desde la Confederación Colombiana del Algodón (Conalgodón), el panorama es diametralmente opuesto. Su presidente, César Pardo, advirtió que la medida podría destruir la cadena algodonera nacional, una de las pocas que aún integran el campo y la industria en el país.
“Si este decreto se aprueba, el impacto será inmediato: las tres hilanderías que quedan en Colombia —Fabricato, Colhilados y Universal— cerrarían sus puertas. Y con ellas, se acabaría el mercado nacional para el algodón”, denunció Pardo.
El dirigente señaló que la decisión desincentivará la siembra de algodón en regiones como Córdoba, Cesar, Sucre, Magdalena, La Guajira, Antioquia y Vichada, golpeando directamente el empleo agrícola y la economía rural.
El enfrentamiento entre confecciones y productores de algodón ha reavivado un viejo debate: ¿cómo fortalecer la competitividad de la industria sin debilitar los eslabones productivos que la sostienen?
Mientras el Ministerio de Comercio insiste en que los decretos serán “temporales y técnicos”, el Ministerio de Agricultura ha advertido sobre los riesgos de abrir el mercado sin controles adicionales.
La cartera agropecuaria ha propuesto complementar la medida con mecanismos anti-elusión, trazabilidad y verificación de origen, para evitar que los productos importados ingresen subvalorados y terminen desplazando la producción local.
La medida llega en un momento clave para el Gobierno, que busca mostrar resultados tangibles en su política de reindustrialización. No obstante, el anuncio también podría agudizar tensiones con los gremios del agro, un sector que ya ha manifestado su inconformidad con otras decisiones de apertura comercial.
