En una jugada que sacude los cimientos institucionales del país, el presidente Gustavo Petro ratificó que su Gobierno impulsa la convocatoria de una asamblea constituyente, una apuesta que promete reconfigurar el sistema político colombiano y que ya desata una de las mayores controversias de su mandato.
Durante el Consejo de Ministros del 21 de abril de 2026, el jefe de Estado confirmó que el proceso avanza en fase organizativa y que el Ejecutivo ya está involucrado en aspectos logísticos clave, como la recolección de firmas y la estructuración de los mecanismos formales para activar la iniciativa.
“Personalmente creo que debemos promover la constituyente, que no está prohibida por la ley ni por la Constitución”, afirmó Petro, en un mensaje directo al país que eleva la discusión más allá del Congreso y la instala en el terreno de la movilización ciudadana.
El mandatario defendió la propuesta como una herramienta para desmontar lo que considera fallas estructurales del sistema político. Según explicó, no se trata de reemplazar toda la Constitución de 1991, sino de intervenir un componente específico que —a su juicio— es el origen de la corrupción.
“Es una constituyente contra la corrupción”, insistió, al tiempo que señaló que mientras no se transforme el sistema político, las prácticas corruptas seguirán reproduciéndose. Incluso, en un tono poco habitual, reconoció que este fenómeno también existe dentro de su propio Gobierno.
Petro hizo un llamado directo a la ciudadanía para liderar el proceso, dejando claro que el éxito de la iniciativa dependerá del respaldo popular. “Nosotros, no otros… y el pueblo que nos quiera seguir, que si es mayoría, entonces podremos realmente acabar con la violencia y la corrupción”, expresó.
El presidente subrayó que el mecanismo constituyente está contemplado dentro del ordenamiento jurídico colombiano y que su convocatoria seguiría los procedimientos legales. “No hay ninguna prohibición constitucional”, reiteró.
La propuesta no tardó en generar una fuerte reacción política. El excandidato presidencial Sergio Fajardo encendió las alarmas al advertir que una constituyente podría abrir la puerta a la reelección presidencial, prohibida desde 2015.
Según esta postura, detrás de la iniciativa podría existir una estrategia para modificar las reglas de juego y permitir una eventual aspiración de Petro en 2030. Como respuesta, Fajardo radicó un referendo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con el objetivo de “blindar” la Constitución durante ocho años y frenar cualquier intento de convocatoria constituyente.
El proyecto contempla la elección de 71 delegados mediante voto popular, con criterios de paridad de género, encargados de redactar las reformas. Mientras el oficialismo ya avanza en la recolección de firmas, sectores críticos advierten sobre los riesgos de abrir la Carta Política en un ambiente de alta polarización.
La iniciativa surge, además, en medio de las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, escenario que el propio Petro ha señalado como un obstáculo para sacar adelante sus reformas estructurales.
Lo cierto es que Colombia entra en una nueva fase de incertidumbre política. Con el Gobierno impulsando la movilización ciudadana y la oposición activando mecanismos para frenarla, el pulso por el futuro de la Constitución ya está en marcha.
