Una decisión judicial sacudió el sistema de salud colombiano y abrió un escenario de incertidumbre para más de tres millones de usuarios. El Tribunal de Bolívar ordenó suspender provisionalmente la intervención de la EPS Coosalud, medida que estaba vigente desde noviembre de 2024, obligando a la Superintendencia Nacional de Salud a preparar una entrega contrarreloj de la administración.
El superintendente encargado, Jaime Hernán Urrego Rodríguez, confirmó que el fallo debe acatarse, pero advirtió que el proceso no está exento de riesgos. “Debemos garantizar una transición ordenada, responsable y completa”, afirmó, subrayando que lo prioritario es proteger la atención médica de millones de afiliados y el manejo de un presupuesto cercano a los $3,5 billones.
El fallo judicial no solo frenó la intervención, sino que dejó un vacío crítico pues no está claro quién debe recibir la administración de la EPS. Ante este escenario, la Supersalud solicitó una aclaración formal mientras avanza en un plan de contingencia junto a entidades como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
En paralelo, la entidad también radicó una apelación contra la decisión judicial, aunque dejó claro que esto no detiene la preparación de la entrega.
La situación se torna aún más delicada por la aparición de personas que han intentado asumir el control de la EPS sin respaldo legal. La Superintendencia de la Economía Solidaria fue tajante: no existe documentación que acredite a Jaime González como representante legal actual de la entidad.
Además, desmintió versiones que apuntaban a supuestas trabas del Gobierno para entregar la EPS y aclaró la estructura real de propiedad: el 94% pertenece a la Cooperativa Coosalud, integrada por cerca de 4.000 asociados, desmontando la idea de un control individual.
El nudo del problema está ahora en manos de la junta directiva de Coosalud, que deberá reunirse y designar formalmente a un representante legal con capacidad para recibir la administración. Sin esa figura, el proceso de entrega queda en un limbo jurídico que podría agravar la crisis.
En medio del pulso institucional, la mayor preocupación gira en torno a los afiliados. La Supersalud insistió en que cualquier decisión debe priorizar la continuidad del servicio y el derecho fundamental a la salud, evitando interrupciones en la atención médica.
El caso Coosalud se convierte en un nuevo capítulo crítico del sistema de salud colombiano: una mezcla de decisiones judiciales, disputas administrativas y vacíos legales que ponen en riesgo la estabilidad de una de las EPS más grandes del país.
Con la intervención suspendida, recursos millonarios en juego y sin un receptor claro para la administración, el país observa un escenario de alta tensión donde cada decisión podría impactar directamente la atención de millones de colombianos.
