En un giro que sacude el tablero económico y político del país, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia frontal al Banco de la República y es que si continúan los incrementos en las tasas de interés, el Gobierno responderá con un nuevo aumento del salario mínimo, desatando un choque de alto calibre entre la política monetaria y la política social.
Durante el Consejo de Ministros del martes 21 de abril, el mandatario fue enfático y sin matices. “Si ellos suben más la tasa de interés, más protegemos… es más, si en la junta siguen esa tontería, pues subimos otra vez el salario”, afirmó, en un mensaje que no solo cuestiona la autonomía técnica del banco central, sino que introduce un pulso directo por el control del rumbo económico del país.
Petro sustentó su postura en el principio constitucional del “salario vital y móvil”, insistiendo en que los incrementos salariales no son responsables de la inflación. Por el contrario, aseguró que el alza en las tasas golpea a los hogares al encarecer el crédito y restringir el acceso a recursos financieros, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.
Pero el pronunciamiento fue más allá de lo técnico. El presidente dejó entrever un trasfondo político al referirse a la composición de la Junta Directiva del banco central, sugiriendo que un cambio en las mayorías podría modificar el rumbo de las decisiones. “Apenas pierda la mayoría el uribismo en la junta directiva… se acabó”, lanzó, encendiendo aún más la controversia.
El jefe de Estado también desvió la atención hacia otros responsables de la presión inflacionaria. Basado en datos del DANE, Petro aseguró que el reciente repunte no obedece a factores internos estructurales, sino a dinámicas externas y a lo que calificó como prácticas especulativas.
En particular, señaló a la empresa Enel por el incremento en las tarifas de energía. “El crecimiento marginal de la inflación se debe a la especulación… subiendo un nueve por ciento la generación eléctrica”, afirmó. También mencionó el caso de Urrá, vinculando decisiones en el manejo hídrico con el aumento de costos energéticos.
El choque se produce en medio de una política monetaria restrictiva del Banco de la República, que ha elevado su tasa de referencia para contener la inflación. Sin embargo, estas decisiones han generado efectos colaterales: créditos más caros, menor consumo, desaceleración económica y mayores barreras para empresas y hogares.
Las preocupaciones del Ejecutivo encuentran eco en el Ministerio de Hacienda. El ministro Germán Ávila advirtió que mantener la tasa en niveles como el actual 11,25% podría reducir el crecimiento del PIB de 2,9% a 2,6%, aumentar el desempleo en 0,18 puntos y provocar la pérdida de cerca de 48.000 empleos.
“Cada incremento en la tasa de referencia repercute en el empleo”, señaló el funcionario, subrayando el impacto directo sobre la vida de los ciudadanos.
El Gobierno también alertó sobre el costo fiscal de esta política. Según Hacienda, el aumento en las tasas elevaría el servicio de la deuda pública en 1,8 billones de pesos, recursos que podrían haberse destinado a programas sociales clave, como transferencias a más de 600.000 adultos mayores o inversión ambiental.
El Ejecutivo insiste en que la inflación tiene raíces externas: el precio del petróleo Brent por encima de los 100 dólares y el encarecimiento global de insumos como la urea —con aumentos cercanos al 50%—, sumados a factores internos como la ola invernal que afecta la producción de alimentos.
El país queda ahora en medio de un pulso de alto riesgo, de un lado, la ortodoxia monetaria que busca frenar la inflación; del otro, una apuesta política que prioriza el poder adquisitivo. El desenlace podría marcar el rumbo económico de Colombia en los próximos meses… y redefinir quién tiene realmente la última palabra.
