La polémica por los audios que revelan reuniones entre el exdirector de la DNI y el abogado de alias “Papá Pitufo” escaló a su punto más álgido tras el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien no solo defendió los contactos, sino que destapó presuntas irregularidades dentro de los organismos de inteligencia y lanzó graves acusaciones contra la Fiscalía.
A través de su oficina de Comunicaciones Estratégicas, el mandatario aseguró que los acercamientos tenían un único objetivo: lograr el regreso de Diego Marín al país para que respondiera ante la justicia. “Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”, afirmó.
Sin embargo, en medio de su defensa, Petro reconoció que algunos agentes habrían aprovechado estos contactos para exigir dinero de manera irregular. “Varios agentes aprovecharon eso fue para pedir dinero, lo cual no es permitido”, señaló, al tiempo que aseguró que los implicados ya fueron retirados de sus cargos.
El jefe de Estado fue más allá y sugirió que estas actuaciones irregulares habrían incidido directamente en que alias “Papá Pitufo” no esté hoy en Colombia enfrentando a la justicia, lo que abre serios interrogantes sobre fallas —o posibles intereses— dentro del aparato estatal.
Pero el punto más controversial del pronunciamiento fue su arremetida contra la Fiscalía General de la Nación. Petro cuestionó las decisiones adoptadas en el proceso judicial, asegurando que limitaron el alcance de la investigación. “La Fiscalía le dictaminó unos cargos que lo excarcelan por solo investigar del 2023 en adelante”, afirmó.
El comunicado también deja entrever un escenario aún más delicado: la posible existencia de un acuerdo entre funcionarios. Según el presidente, habría un presunto pacto entre sectores de la Fiscalía y directivos de inteligencia que habría impedido el traslado de Marín al país.
Las declaraciones no solo intensifican la controversia política, sino que reavivan un debate de fondo sobre la coordinación —o fractura— entre las entidades de justicia en Colombia, en medio de señalamientos que rozan posibles nexos indebidos y fallas estructurales en la lucha contra el crimen organizado.
