Un nuevo escándalo sacude a las Fuerzas Militares. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a un teniente y a tres soldados profesionales del Ejército Nacional por el homicidio de un campesino en medio de una operación militar contra el ELN, en hechos ocurridos el 9 de abril de 2017.
Los procesados son el teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y los soldados profesionales Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García, señalados de su presunta responsabilidad en la muerte de un civil en zona rural de Arenal.
Según el ente acusador, los uniformados hacían parte de un grupo élite de tiradores de alta precisión del Batallón de Acción Directa N.° 1 de la Quinta Brigada, y adelantaban una operación para ubicar a un cabecilla del ELN conocido con el alias de “Cusi”, quien presuntamente se movía en la región.
De acuerdo con la investigación, el teniente Barrios Zuzunaga habría ordenado interceptar a dos hombres que transitaban por la zona. Sin embargo, los civiles, al parecer desconcertados por el procedimiento, emprendieron la huida. Fue entonces cuando los militares abrieron fuego con sus armas de dotación para impedir que escaparan.
El resultado fue fatal: uno de los hombres murió en el lugar y el otro fue detenido. Posteriormente se estableció que la víctima mortal era un campesino sin ningún vínculo con el objetivo militar.
La Fiscalía fue enfática en señalar que, con base en los elementos materiales probatorios, los uniformados actuaron de manera desproporcionada y en contravía de los protocolos establecidos. Además, cuestionó que no se adoptaran medidas para identificarse plenamente ni garantizar que los civiles comprendieran la orden de detenerse.
En contraste, el cabecilla del ELN que motivó la operación se encontraba en un punto distinto y fue capturado horas después, lo que refuerza la hipótesis de un uso indebido de la fuerza contra población civil.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos acusó a los cuatro militares por el delito de homicidio en persona protegida, uno de los cargos más graves en el marco del Derecho Internacional Humanitario.
