Una investigación penal en curso tiene en vilo al Tolima: la Fiscalía General de la Nación indaga un presunto plan criminal para atentar contra la gobernadora Adriana Matiz, Plan que, según fuentes judiciales citadas por un medio de comunicación, estaría siendo liderado por la disidencia Joaquín González bajo las órdenes del negociador conocido como alias “Calarcá”.
La alerta se encendió luego de que las primeras piezas de inteligencia revelaran que al menos seis personas fueron identificadas como presuntos responsables del plan. Los investigadores sostienen que en una finca de la zona se estarían fabricando explosivos destinados a ejecutar el ataque, y que el grupo acumula material para montar campos minados y artefactos que podrían activarse sobre las vías.
Un fragmento del informe de Inteligencia, reproducido en la investigación, advierte con crudeza sobre la capacidad del grupo: “tienen harto explosivo, aproximadamente, unas dos toneladas”. Además, el documento detalla la logística que se habría diseñado para el atentado:
“Tienen a unos señores consiguiendo unos cilindros, entonces yo les estoy informando, les estoy avisando bien completamente cada paso en relación con este atentado”, señala otra parte del reporte.
Fuentes de la Fiscalía confirmaron que el frente Joaquín González cuenta con una finca donde supuestamente se ensamblarían los elementos explosivos, y que los planes incluirían la colocación de artefactos en corredores viales frequentados por la mandataria regional. Por ahora, las seis personas están “plenamente identificadas” en el expediente y la entidad continúa con labores de búsqueda y captura.
La investigación recuerda que la gobernadora Adriana Matiz ya había denunciado amenazas desde 2024. A raíz de entonces, las autoridades reforzaron su esquema de seguridad y activaron protocolos de protección. No obstante, la nueva información sobre la existencia de un taller para fabricar explosivos y de un plan estructurado ha elevado el nivel de riesgo y la presión sobre las autoridades encargadas del caso.
La Fiscalía confirmó que mantiene operativos coordinados con la Policía y la Inteligencia Militar para capturar a los señalados y desmantelar la estructura logística —incluida la finca y depósitos— donde se fabricarían los explosivos. Fuentes del proceso aseguraron que las labores de policía judicial continuaban “sin tregua” y que pronto podría haber novedades sobre detenciones y hallazgos materiales.
Mientras tanto, líderes comunitarios del norte del Tolima y el gremio de transportadores han expresado su preocupación por el riesgo en carreteras y pasos rurales, y han pedido mayor presencia estatal para proteger a la población civil.
