Un escándalo que golpea directamente la esperanza de decenas de familias campesinas sacude varias regiones del país. Jairo Ramón Agámez Ortiz fue acusado de montar un esquema de engaño en el que, bajo la fachada de gestor y líder social, habría estafado a por lo menos 41 personas con falsas promesas de acceso a tierras rurales.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el hombre se hacía pasar como presidente de una asociación y aseguraba tener contactos y capacidad de intermediación ante entidades clave como la Sociedad de Activos Especiales y la Unidad de Restitución de Tierras. Con este discurso, lograba generar confianza, especialmente en familias campesinas que veían en él una oportunidad para acceder a tierras y mejorar su calidad de vida.
El modus operandi era contundente, pues Agámez Ortiz prometía gestionar predios en zonas rurales de Caldas, Tolima y Antioquia, y exigía pagos que alcanzaban hasta los 52 millones de pesos por supuestos conceptos de afiliaciones, trámites administrativos, pólizas y otros costos inexistentes.
Sin embargo, todo era un montaje. Las víctimas nunca recibieron los terrenos prometidos ni evidencias reales de gestión ante las entidades mencionadas. Lo que sí quedó fue el impacto económico y emocional en decenas de familias que confiaron en un proceso que resultó ser una estafa sistemática.
Ante la contundencia del material probatorio, Agámez Ortiz fue imputado por el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que aceptó ante la justicia, en un movimiento que podría acelerar su condena.
Pese a la gravedad del caso, un juez le concedió medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio, decisión que ya genera controversia entre las víctimas, quienes consideran insuficiente la medida frente al daño causado.
Las investigaciones continúan, y no se descarta que existan más afectados en otras regiones del país, lo que podría ampliar el alcance de uno de los fraudes más sensibles de este año.
