La tensión por las invasiones en el sector de Picaleña volvió a estallar. Durante una rueda de prensa, NB Noticias cuestionó directamente a la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Lannini, sobre las reiteradas denuncias de ocupaciones ilegales, tala de árboles y uso indebido del suelo en esta zona de Ibagué, un problema que continúa creciendo a pesar de múltiples alertas ciudadanas.
La respuesta de la directora no solo sorprendió, sino que encendió una fuerte polémica entre líderes ambientales y habitantes del sector.
Con un tono firme, Alfonso Lannini afirmó que Cortolima no tiene competencia para intervenir en la recuperación de predios invadidos:
“Ese es un tema directamente tratado por las Alcaldías. El ordenamiento territorial y el cuidado del uso del suelo es responsabilidad de los alcaldes”, señaló.
Acto seguido, fue más allá y dejó claro que la corporación poco puede hacer para detener las ocupaciones ilegales:
“No somos una autoridad policiva”, enfatizó, subrayando que la entidad no tiene la capacidad legal para desalojar o retirar a las personas que no pertenecen a los predios.
Sin embargo, reconoció que sí actúan cuando se presentan afectaciones ambientales. “Si existen talas de árboles, con seguridad hemos ido y hemos abierto los procesos sancionatorios que corresponden. Pero quitar la invasión no es responsabilidad de Cortolima”, puntualizó.
Las declaraciones dejaron en el aire un debate incómodo: mientras la corporación asegura que su margen de acción es limitado, la comunidad de Picaleña denuncia que las invasiones continúan creciendo y el impacto ambiental se está volviendo irreversible.
Lo cierto es que las palabras de la directora reavivan la discusión sobre la falta de articulación institucional y la urgencia de acciones concretas para frenar la transformación ilegal del territorio. Por ahora, la pregunta sigue sin respuesta: ¿quién detendrá el avance de estas invasiones mientras el daño ambiental se profundiza?
