• 21 agosto, 2026 8:38 pm

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Reintegro de Érika Melissa Palma como Gerente del IBAL: Procuraduría Provincial revoca suspensión impuesta por la Personería Municipal.

La Procuraduría Provincial de Ibagué ha ordenado el reintegro de Érika Melissa Palma al cargo de gerente del Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), después de que la Personería Municipal la suspendiera por presuntamente obstruir las funciones de la agencia del Ministerio Público. La suspensión había sido efectiva desde el pasado 24 de junio y se extendió por cinco semanas.

La medida de suspensión fue tomada por la Personería delegada de la Vigilancia Administrativa y Gestión Pública de Ibagué bajo el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019. Sin embargo, la reciente resolución de la Procuraduría Provincial anula dicha decisión, ordenando además el reintegro de los salarios que Palma dejó de percibir durante su suspensión.

El documento de la Procuraduría establece: “Revocar la decisión contenida en la providencia proferida el 24 de junio de 2024, por medio de la cual la Personería delegada de la Vigilancia Administrativa y Gestión Pública de Ibagué suspendió provisionalmente en los términos del artículo 217 de la Ley 1952 de 2019 a Erika Melissa Palma Huertas en cargo de gerente del IBAL”.

Pese a esta decisión, el proceso legal continúa bajo la supervisión de la Personería Municipal. La resolución aclara que se debe “notificar la presente decisión a los sujetos procesales en los términos del artículo 123 de la Ley 1952 de 2019 y comunicar a la Personería Delegada para la vigilancia administrativa y Gestión Pública de Ibagué, advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno”.

Se espera que en los próximos horas la Personería Municipal emita un pronunciamiento oficial sobre el futuro del proceso contra Palma, quien retoma su cargo.

La suspensión de Palma había generado un debate considerable en la comunidad y algunos trabajadores del IBAL, quienes expresaron diversas opiniones sobre la medida disciplinaria. Algunos sectores defendieron la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente, mientras que otros argumentaron que la suspensión era injustificada y perjudicial para la gestión de la empresa de servicios públicos.

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