En un contundente pronunciamiento realizado durante la entrega de maquinaria para el fortalecimiento de la agroindustria en el departamento del Cesar, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su gobierno ha tomado una decisión definitiva frente a tres grupos armados ilegales que operan en el país: las disidencias de las FARC al mando de ‘Iván Mordisco’, el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia.
“He tomado una decisión respecto a las disidencias de ‘Iván Mordisco’, el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia: la ‘Junta del Narcotráfico’, serán considerada organización terrorista perseguible en cualquier parte del planeta por delitos contra la humanidad. Solicitaré a la Corte Internacional investigar a estos criminales”, afirmó el mandatario ante campesinos, empresarios y líderes comunitarios de la región.
La declaración marca un giro drástico en la política de “paz total” que ha caracterizado el actual gobierno, luego de varios intentos fallidos de diálogo y cese al fuego con dichos grupos. Petro enfatizó que estas organizaciones, además de estar implicadas en el narcotráfico, han cometido graves crímenes contra la población civil, incluyendo asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores.
La decisión de elevar la denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) busca internacionalizar la persecución judicial contra estos actores armados, señalados por el presidente como “una mafia articulada que ha cruzado todos los límites del crimen organizado”.
Este anuncio se produce en medio de crecientes críticas a los resultados de la estrategia de paz del gobierno, en particular por la falta de avances concretos en los diálogos y la persistencia de la violencia en territorios rurales.
La comunidad internacional, organismos de derechos humanos y analistas políticos están a la espera de la formalización de esta solicitud ante la CPI, así como de posibles consecuencias diplomáticas y judiciales en países donde estas estructuras delictivas tengan redes o actividades.
Por ahora, la Casa de Nariño no ha revelado si esta nueva clasificación como organización terrorista tendrá efectos inmediatos en la política de seguridad nacional o en las acciones militares contra estos grupos.
