Un atentado terrorista sacudió la tarde del jueves 21 de agosto a la ciudad de Cali (Valle del Cauca), luego de que un camión cargado con explosivos detonara frente a la base aérea Marco Fidel Suárez. La acción, atribuida a las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco, dejó un saldo preliminar de seis civiles muertos y 71 heridos, entre ellos cinco menores de edad.
La explosión ocurrió a las 2:50 p.m., generando pánico en la capital vallecaucana. El estallido destruyó varios locales comerciales, partió ventanales de viviendas cercanas y dejó a numerosas personas tendidas en las calles clamando por atención médica. “Por favor, necesitamos ambulancias… Acaba de ocurrir un atentado”, gritaba un funcionario de la Alcaldía que intentaba coordinar la emergencia.
Entre las escenas más dramáticas, tres motociclistas resultaron gravemente heridos; uno de ellos sufrió la amputación de sus piernas. El camión utilizado quedó reducido a cenizas, mientras que un segundo vehículo, un furgón con 12 pipetas de gas, fue hallado a pocos metros. Según el general Hugo Alejandro López, comandante encargado de las Fuerzas Militares, este último no alcanzó a detonar y fue asegurado por expertos antiexplosivos.
De acuerdo con inteligencia militar, el Frente Jaime Martínez habría planeado y ejecutado el ataque. La comunidad, en medio del caos, retuvo a un hombre que intentaba huir de la escena. Fue entregado a la Policía y se presume que sería alias Sebastián, subordinado de alias Marlon, cabecilla de ese frente.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, reaccionó de inmediato: “Cali vuelve a ser víctima de un ataque narcoterrorista… No nos vamos a doblegar ante los terroristas. Ordené asegurar todas las entradas a la ciudad”. El mandatario convocó a un consejo de seguridad extraordinario, ordenó militarizar la capital y desplegar vigilancia aérea con helicópteros y drones.
Por su parte, la Gobernación y la Alcaldía ofrecieron una recompensa de hasta 800 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables.
Este hecho se produjo horas después del ataque en Amalfi (Antioquia), donde un helicóptero de la Policía fue derribado con un dron cargado de explosivos, dejando 12 uniformados muertos. Ambos actos han sido atribuidos a las disidencias de Mordisco.
El presidente Gustavo Petro se refirió al ataque asegurando que se trata de una respuesta a la ofensiva militar que busca recuperar el control del Cañón del Micay, estratégico enclave cocalero en disputa: “El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, supeditadas al control de la junta del narcotráfico”.
El Gobierno Nacional ordenó el acuartelamiento de primer grado en todas las unidades militares y planteó la necesidad de que las disidencias de Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo sean declaradas organizaciones terroristas para perseguirlas “en todo el mundo”.
