Mientras el Gobierno de Gustavo Petro asegura haber propinado los golpes más duros contra el Clan del Golfo en los últimos años, un nuevo bombardeo militar en el Nordeste antioqueño coincide con la apertura de una investigación por presuntos contactos irregulares entre funcionarios del Estado y esa misma organización criminal.
La ofensiva, ejecutada en la mañana del 11 de julio en zona rural de Amalfi, fue desarrollada de manera conjunta por el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación contra la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, una de las facciones armadas del Clan del Golfo con presencia en Antioquia.
Según las autoridades, el objetivo de la operación es debilitar las capacidades militares y criminales de esa organización y fortalecer la seguridad de la población en una región golpeada por la violencia. Aunque diversos medios de comunicación informaron que dos presuntos integrantes del grupo habrían muerto durante el ataque aéreo, hasta el momento las Fuerzas Militares no han confirmado bajas oficiales.
El operativo representa el noveno bombardeo autorizado contra el Clan del Golfo durante la administración Petro, consolidando un cambio en la estrategia militar frente al grupo armado que el propio Gobierno identifica como la organización criminal más golpeada por la Fuerza Pública.
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que durante el actual gobierno han sido neutralizados 16.371 integrantes de grupos armados organizados, de los cuales el 93 % corresponde a capturas y el 7 % a muertes en desarrollo de operaciones militares. Según el funcionario, el 51 % de los neutralizados pertenecía al Clan del Golfo, convirtiéndolo en el principal blanco de las operaciones de las Fuerzas Militares y la Policía.
Sánchez destacó además que Antioquia concentra buena parte de la ofensiva militar. De los 24 bombardeos ejecutados contra estructuras armadas ilegales durante este periodo, ocho se han desarrollado en ese departamento, en paralelo con 1.650 combates terrestres.
“Cada veinte horas tenemos un combate y en estos veinticuatro bombardeos hemos tenido cero daños colaterales”, afirmó el ministro, quien defendió la legalidad de los ataques aéreos contra objetivos considerados militares legítimos.
Sin embargo, la ofensiva contra el Clan del Golfo coincide con un nuevo frente de controversia para el Gobierno. El Ministerio de Defensa confirmó la apertura de una investigación tras la difusión de audios que, presuntamente, revelarían acuerdos entre integrantes del Gobierno y miembros del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), antes de la instalación formal de la mesa de diálogos en septiembre de 2025.
El ministro fue enfático al advertir que, si la autenticidad del material es comprobada por las autoridades competentes, los hechos podrían configurar graves delitos contra el Estado.
“De ser cierto, eso es un concierto para delinquir. Estarían conspirando contra la nación, conspirando contra la seguridad de los colombianos y también contra el mismo Ministerio de Defensa”, afirmó Sánchez.
Mientras las bombas vuelven a caer sobre los campamentos del Clan del Golfo en Antioquia, el Gobierno enfrenta el desafío de demostrar que su ofensiva militar y su política de diálogo con actores armados ilegales no terminaron cruzándose en un episodio que hoy amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de seguridad de los últimos meses.
