Durante la noche del martes 6 de mayo, un juez con funciones de control de garantías en Bogotá legalizó la captura de Freddy Castellanos, el funcionario que es señalado de abusar sexualmente a por lo menos 12 niños entre los 2 y 3 años en un jardín infantil de la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de la capital colombiana.
En información preliminar, se conoció el señalamiento que se le hizo al presunto agresor en la audiencia que concluyó en la noche y de esta manera le dio inicio al correspondiente proceso penal al hombre que cometió los vejámenes contra los pequeños en la mencionada institución que está adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
Agregaron que para la tarde de este miércoles se le lleven a cabo las audiencias de imputación de cargos, y en la que se decidirá si le imponen o no medida de aseguramiento, con privación de la libertad.
Castellanos fue capturado en la mañana del martes, sin embargo, la comunidad no solo demanda sanciones ejemplares contra el presunto abusador sexual, sino también respuestas por parte de las entidades que, según denuncian, habrían actuado con negligencia en este caso.
Precisamente, y simultáneamente a la judicialización del exfuncionario del jardín infantil, los habitantes del barrio Villa Javier, donde se dieron los deleznables hechos, protestaron para expresar su indignación.
La comunidad de Villa Javier ha señalado que su protesta no solo busca justicia para las víctimas, sino también llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control en las instituciones educativas. Los padres de los menores afectados han manifestado su preocupación por la falta de acciones preventivas y correctivas por parte de las autoridades competentes, lo que, según ellos, permitió que estos hechos ocurrieran.
El cierre del hogar infantil se llevó a cabo como una medida para garantizar la seguridad de los niños y prevenir la repetición de incidentes similares. En declaraciones de Cáceres Cárdenas, la institución está comprometida con la protección de la infancia y trabajará para esclarecer los hechos y brindar el apoyo necesario a las familias afectadas.
Las investigaciones por parte de la Fiscalía continúan para determinar el alcance de los delitos y establecer las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el Icbf reiteró su disposición para colaborar con las autoridades y ha puesto a disposición de las familias un equipo para ofrecer acompañamiento psicológico y legal.
