La crisis del arroz en Colombia entra en una fase crítica. En medio de las negociaciones con el Comité del Paro Nacional Arrocero, el Gobierno Nacional presentó una propuesta que busca responder a las crecientes pérdidas del sector: la creación de un fondo de estabilización de precios. Sin embargo, esta alternativa ha sido recibida con preocupación por parte de los industriales, que advierten sobre los efectos colaterales que podría tener en la cadena productiva.
La medida contempla compensar a los productores cuando el precio internacional del arroz esté por debajo de unos rangos establecidos y, en caso contrario, cobrarles una contribución cuando el precio esté por encima de esos límites. La iniciativa se plantea como un salvavidas ante los actuales niveles de pérdida que enfrentan los arroceros, que según datos del Ministerio de Agricultura, alcanzan hasta $196.000 por tonelada en algunas regiones.
Simultáneamente, el Gobierno trabaja en una resolución que sometería al arroz paddy verde (sin procesar) a un régimen de libertad vigilada de precios, una intervención que ha sido fuertemente criticada por gremios como Induarroz y la ANDI.
En una carta enviada al Ministerio de Agricultura, los industriales advierten que:
- La regulación podría impactar negativamente el precio final del arroz blanco para los consumidores.
- Se correría el riesgo de que los comerciantes opten por importar arroz más barato, debilitando la producción nacional.
- Se incentivaría una sobreproducción que afectaría las siguientes cosechas al aumentar los inventarios sin salida comercial.
Mientras estas tensiones se agudizan, las pérdidas económicas crecen y los bloqueos viales continúan en 11 departamentos, afectando la movilidad de alimentos, bienes y pasajeros.
El paro arrocero, que inició como una protesta por la caída de precios y el aumento de costos, ya ha generado afectaciones significativas al comercio y la cadena logística del país. A pesar del avance en las conversaciones, no se vislumbra aún un acuerdo definitivo.
Los productores insisten en que sin medidas de fondo, el panorama para el arroz colombiano seguirá deteriorándose. Por su parte, los industriales piden cautela y advierten que una mala regulación podría agravar la crisis más de lo que la solucione.
