La angustia que paralizó al municipio de Sevilla, Valle del Cauca, durante 12 días se transformó en un suspiro de alivio colectivo, luego de que la médica Daniela Hernández Montoya, secuestrada el pasado 14 de agosto junto a sus hijos, recuperara la libertad en la tarde-noche de este martes 26 de agosto de 2025.
La noticia, confirmada por la Personería Municipal de Sevilla, puso fin a una incertidumbre que se extendió desde las calles del municipio hasta las redes hospitalarias del país, que seguían de cerca la búsqueda de la profesional de la salud.
El secuestro se produjo a plena luz del día, cuando Hernández recogía a sus dos hijos, de 4 y 8 años, del colegio. Los captores obligaron a la familia a subirse a un vehículo. Aunque los menores fueron dejados en libertad horas después en una zona rural, la médica permaneció retenida por casi dos semanas, en medio de un silencio que alimentó la angustia de la comunidad.
“Queremos informarle a toda la comunidad que en este momento podemos confirmar, por fuente muy confiable, que la doctora Daniela Hernández ha retornado a la libertad y se encuentra, afortunadamente, con su familia”, declaró el personero municipal, Jhon Osorio, a través de un comunicado oficial.
El regreso de la doctora Hernández fue celebrado en Sevilla y en todo el país, pero las autoridades advirtieron que la investigación apenas comienza. Las primeras hipótesis señalan al frente 57 de las disidencias de las Farc como responsable del secuestro, una estructura armada que ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo en la alerta de inminencia 025-2024.
La región, que comprende municipios como Andalucía, Bugalagrande y Tuluá, se encuentra bajo la presión de grupos ilegales que disputan el control territorial. La presencia del Frente Adán Izquierdo del Bloque Isaías Pardo en la zona ha incrementado la percepción de riesgo entre sus habitantes.
El secuestro de la médica Hernández no fue un hecho aislado, sino un episodio que refleja la ola de violencia que azota al departamento. Durante su cautiverio, las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos por información que permitiera dar con su paradero, mientras la ciudadanía exigía acciones más contundentes contra los grupos armados que operan en el Valle.
