La figura de Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, vuelve al centro de la controversia nacional. Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía por el profesor y experto en anticrimen financiero Juan Carlos Portilla acusa a Alcocer de presunta estafa en favor de terceros y uso indebido de recursos públicos en contratos y actividades vinculadas a su imagen como primera dama.
De acuerdo con la denuncia, los pagos en cuestión superan los mil millones de pesos y habrían sido gestionados bajo el argumento de “asesorías de imagen”, “cuidados personales” y otros servicios relacionados con su representación protocolaria. Portilla asegura que existen facturas y contratos simulados que habrían sido utilizados para justificar desembolsos de fondos públicos en beneficio de terceras personas cercanas al círculo de confianza de Alcocer.
“Elevamos una denuncia penal contra la exprimera dama Verónica Alcocer por presuntas actividades delictivas engañosas con el fin de buscar beneficios patrimoniales en favor de terceros”, declaró Portilla en un video divulgado en redes sociales.
El denunciante solicita además que la Fiscalía llame a declarar al propio presidente Gustavo Petro, para que, “bajo la gravedad de juramento”, aclare la fecha exacta de su separación y el uso de recursos asignados a la figura de primera dama durante ese periodo.
La denuncia se conoce en medio de un contexto particularmente tenso para el Gobierno. Días atrás, los nombres de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, su hijo y el ministro del Interior fueron mencionados en la llamada Lista Clinton, un hecho que elevó la presión mediática sobre la familia presidencial.
Pese a que el mandatario reveló que “la separación ocurrió hace años”, Alcocer ha seguido ejerciendo funciones representativas y asistiendo a actos internacionales en calidad de primera dama, lo que ha despertado críticas sobre la legitimidad de su rol y el posible uso de recursos estatales para mantener esa agenda.
Entre los eventos en los que ha participado se cuentan el funeral de la reina Isabel II, la coronación del rey Carlos III, las exequias del primer ministro japonés Shinzo Abe y una audiencia privada con el papa Francisco, todos financiados, según fuentes oficiales, con recursos del presupuesto nacional.
Sin embargo, la denuncia presentada por Portilla plantea que, aunque la posición no es oficial, los recursos empleados sí lo son, lo que podría configurar una falta administrativa o incluso un delito de peculado o falsedad en documento público, en caso de comprobarse la desviación de fondos.
En su más reciente pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro aseguró que “ni un solo peso público ha salido para Verónica desde que estamos separados físicamente” y que su esposa “solo ha cumplido su deber como madre y ciudadana”.
Por ahora, la Fiscalía deberá evaluar si abre una investigación formal que podría convertirse en uno de los procesos más mediáticos del actual gobierno.
